Luego de un año en el que se han suscitado diferentes situaciones que de alguna manera están relacionadas y han afectado directamente los derechos humanos, civiles y socioeconómicos de los venezolanos, la Asociación Civil Movimiento Vinotinto presentó un balance general donde mostró las cifras que han arrojado sus investigaciones a lo largo del 2016.
Un monitoreo realizado en diferentes áreas, que van desde los abusos o la violación de los derechos de los ciudadanos como personas, hasta abusos en el aspecto económico de los mismos, como parte de los productores y comerciantes de este país.
“Entre los casos más polémicos tenemos las detenciones realizadas por parte de la Operación Liberación del Pueblo (OLP). Hasta ahora a nivel nacional tienen un total de 92 decesos. Lo que ha generado más ruido en la opinión pública fue el caso de Petare, acá en Lara en el barrio La Alfarería y el caso más reciente, lo que sucedió en Barlovento.
Exhortamos al Ministerio Público para que se aboque en investigar desde raíz todas estas irregularidades”, manifestó Manuel Virgüez, director del Movimiento Vinotinto.
Señaló que las OLP han dejado más víctimas fatales en comparación al año 2015. Además de haber recibido gran cantidad de denuncias por tratos inhumanos.
Gracias a información de la organización hermana, Foro Penal, indicaron que hasta el momento se han detectado 2.723 detenciones por causas políticas en Venezuela. Y solamente en el estado Lara, van 134.
“Otro aspecto importante, son los derechos económicos, la judicialización, los números que perjudican la integridad de un ciudadano. Existe una fuerte criminalización contra el consumidor por hacer colas para comprar productos regulados, o poseer bienes. Hay 11.041 personas que han estado bajo arresto o están bajo arresto por estas causas”.
Solamente en la región, durante los meses de julio y agosto fueron detenidas 3.800 personas por pernoctar en locales comerciales.
Se registraron además, a nivel nacional 948 saqueos durante marzo y julio de este año.
Por otro lado, hicieron un llamado a los entes competentes para que sean publicadas las cifras relacionadas a la mortalidad y el monto de consignación de divisas destinadas a la salud y alimentación.