Un total de 2 mil 567 denuncias por violación de derechos humanos atendió la Comisión de Política de Interior de la Asamblea Nacional durante este primer año de gestión.
Así lo informó la diputada Delsa Solórzano, quien aseguró que diariamente recibían más de tres reportes sobre algún tipo de transgresión. Especificó que mil 25 trabajadores denunciaron haber sido despedidos, desmejorados o acosados por participar durante la recolección del 1% para un eventual revocatorio.
Destacó que existen 151 casos de presos políticos y 126 víctimas de la Operación de Liberación del Pueblo, que en su mayoría son de los sectores La Ensenada y Barlovento, en el estado Miranda.
Sobre este mecanismo de seguridad ciudadana implantado por el Ministerio de Interior y Justicia señaló que “todavía hay ciudadanos desaparecidos, cuyos familiares siguen exigiendo conocer el paradero de los mismos. Lamentablemente la Comisión no solo da buenas noticias, porque aunque han acudido a nosotros en búsqueda de respuestas, la verdad es que el Estado no ha resarcido a las víctimas”.
Caso Barlovento
Tras ser consultada por los avances de la investigación sobre la “masacre” de Barlovento, contó que el viernes pasado se comunicaron con una de las denunciantes, Zulay Hernández, para informarle que las pruebas de ADN coincidían con uno de los cuerpos que yacen en la Morgue de Bello Monte. Presuntamente se trataría de su hermano Freddy, quien desapareció en el mes de octubre durante un operativo de OLP, y hasta finales de noviembre no había respuesta sobre su paradero.
Solórzano detalló que ante la duda de este caso en particular, un equipo de abogados se apersonó a la sede del Ministerio Público para recibir explicaciones técnicas sobre este examen genético.
Asimismo indicó que aún hay seis jóvenes desaparecidos y aunque hay efectivos del ejército en prisión, los que corresponden a la Guardia Nacional Bolivariana permanecen libres.
Por otra parte, recordó que el único instrumento legal aprobado por ambas bancadas es la Ley que limita el uso de internet y teléfonos celulares en las cárceles, sin embargo, no se ha registrado mayor progreso en su aplicación.
La parlamentaria puntualizó que el Ministerio del Servicio Penitenciario tiene hasta marzo del 2017 para implementar en su totalidad los bloqueadores de señal.
