Como personas, los derechos humanos los tenemos desde la concepción misma en razón de la vida, primer derecho humano que debemos defender, dice el Dr. Simón Saavedra Hernández, profesional del Derecho.
Desde el punto de vista religioso corresponde al cristianismo la mayor aportación y que inicialmente fueron enunciados en las tablas de la Ley entregadas a Moisés, habiendo dado Jesucristo su aplicación, expone. En tal sentido, pondera el Papa Francisco “la labor de las Naciones Unidas: a partir de los postulados del preámbulo y de los primeros artículos de su carta constitucional, puede ser vista como el desarrollo y la promoción de la soberanía del derecho sabiendo que la justicia es requisito indispensable para obtener el ideal de la fraternidad universal”.
En Venezuela están contenidos los derechos humanos en el capítulo 3 de la Constitución, y el mandato para que se cumplan objetivamente lo encontramos en el artículo 203, precisa el Dr. Saavedra Hernández. Sin embargo, el acceso para concretar personalmente tales derechos humanos tiene diversos obstáculos en la justicia.
Observamos que ya se ha hecho rutinario el retardo procesal de omisión y además vemos falta de interés en las instituciones oficiales para la aplicación del derecho constitucional por no haberse desarrollado las normativas a las cuales se refiere el artículo 203 de nuestra carta magna. Deberían estar referidas en las sentencias cuando existe la violencia en la mujer, en los menores de edad y, en general, en los derechos humanos contenidos en la legislación nacional y en los pactos y convenciones internacionales ratificados por Venezuela.
La Constitución de 1991 sustituyó la institución del “habeas corpus”, que mantenía el ordenamiento jurídico en su versión original de los reinados de la Edad Media, lo cual era la forma de poner freno a las arbitrariedades de los reinos.
Rafael Caldera, Arístides Calvani, Miguel Ángel Burelli Rivas, entre otros, redactaron las normativas de los derechos humanos para esa Constitución y que están contenidos en la vigente. Dieron paso al amparo, siendo este el camino más rápido y eficiente para restituir las lesiones a los derechos constitucionales.
Hugo Rafael Chávez, en su propuesta a la reforma a aquella Constitución, afirmó que esos derechos humanos eran perfectos y su normativa, inobjetable. Entonces, pregunta el Dr. Saavedra Hernández, ¿por qué hoy Venezuela se encuentra entre los siete países que más violan los derechos humanos en el mundo?
Dictadura de facto
Andrés Colmenárez, uno de los más destacados defensores de los derechos humanos de la región y directivo de la Fundación Asociación Civil Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz), en ese sentido señala que en el país se está viviendo un régimen dictatorial.
Comenárez, quien participa en la reunión de más de 40 organizaciones no gubernamentales convocadas en la sexta asamblea anual que realiza la Unión Europea para presentar proyectos a ser tratados en el próximo año en materia de derechos humanos, dijo que se están evaluando todas las propuestas que se pueden generar en nuestro país.
Hay en cuenta que las 53 organizaciones que suscribieron un comunicado promovido por Provea, donde se da cuenta que la no aplicación del referendo revocatorio como un derecho constitucional para que los ciudadanos nos manifestemos a través de las urnas, reconocen que el hilo democrático se ha roto y que la figura del Gobierno nacional en manos del Presidente Nicolás Maduro, prácticamente, se convierte en una dictadura de facto.
Desde Funpaz, hemos venido denunciando esa dictadura desde el primer día del mandato de Maduro. Nosotros, como fundación, nacimos luego de la represión de los sucesos del 14 y 15 de abril de 2014 cuando se vulneraron nuestros derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la libertad de expresión, el de la manifestación.
Más que celebrar en Venezuela lo que se hace es conmemorar una fecha tan importante como es la Declaración de los Derechos Humanos. Se ha vuelto una responsabilidad de todas las organizaciones no sólo no gubernamentales, sino de los ciudadanos que debemos exigir al Ejecutivo nacional que retome el hilo democrático y comience de una vez a respetar los derechos.
Condenamos las declaraciones políticas de la canciller Delcy Rodríguez, el jueves de semana, en las cuales manifestaba públicamente que Venezuela es un modelo de cultura a nivel de derechos humanos. Igualmente, condenamos las declaraciones del alto mando militar de la Zona Operativa de la Defensa Integral (Zodi), encabezado por José Rafael Torrealba, que de una vez comienza a criminalizar con fecha y hora de este lunes, 12 de diciembre, a los ciudadanos que salgan a protestar de manera pacífica para exigir el derecho a un servicio público, como el gas o el agua.
Tenemos que entender que como ciudadanos debemos dejar de esperar los resultados por parte de los dirigentes políticos y comenzar ya el empoderamiento que nos permite la Constitución y que nos da incluso la firma de tratados internacionales con la ONU, OEA y Unasur. Y también tenemos que entender que la primera víctima que existe es la verdad, ya que el Ejecutivo nacional intenta todos los días de maquillar, de manera de crear una opinión que lo que busca es el silencio y el desánimo en la sociedad civil. Reivindicamos el derecho de los medios impresos, para que dejen de ser presionados por parte de una alcabala burocrática, la Corporación Maneiro.
Restricción de derechos
Este ha sido el peor año de violación de los derechos humanos en Venezuela, tanto los implícitos como económicos, sociales y culturales. Hay que enfatizar que Venezuela se ha empobrecido y que el empobrecimiento se ha acelerado como consecuencia de la inflación más alta del mundo y lo que tiene que ver con el desabastecimiento crónico de alimentos, medicinas y repuestos, observa el sociólogo y docente universitario Nelson Fréitez.
Estamos en un estado económico de postración, recesión y estancamiento, que ha afectado los derechos de alimentación y salud. Frente a esa situación, la población reacciona y cada día hay más protestas públicas, pero cada vez es mayor la represión.
Y lo que produce enorme preocupación es que este año el Ejecutivo nacional implantó un estado de excepción, ya ilimitado, y ha ido restringiendo los derechos civiles y políticos. En una semana fueron detenidas en Barquisimeto 3.200 personas por hacer colas en las madruigadas para tratar de comprar alimentos.
En barrios, los de la OLP exterminan a las personas
El Dr. Rafael Narváez, abogado y defensor de los derechos humanos, afirmó que está cerrando el 2016 con las peores condiciones para los venezolanos
El Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) actúa sin ningún tipo de control y bajo el capricho del Presidente de la República. Actúa al igual que lo hizo la Seguridad Nacional de Marcos Pérez Jiménez.
Asume los allanamientos a los domicilios por cuenta propia: saca a las personas y las incomunica, para luego llevarlas a las audiencias de presentación, pasando por encima del Ministerio Público y el Poder Judicial. Los pocos presos políticos que han sido liberados han dado testimonios de haber recibido maltratos y torturas.
Hay ciudadanos que tienen boletas de excarcelación, pero ese organismo no le hace caso a los jueces. El caso de Yon Goicoechea es gave: el Tribunal le dio la libertad hace cinco días y el Sebin no ha querido dejarlo salir. Así ocurre con otros presos políticos. El Sebin no tiene competencia para hacer investitgación penal de ninguna naturaleza, ni tampoco funciones de Tribunal o Fiscalía. Es una policía política.
Gravísimo resulta también el resultado de las políticas nefastas del régimen para la población. Han muerto ocho niños en la Guajira por falta de alimentos y puedo afirmarlo porque yo estuve allá, hablé con los familiares de los fallecidos.
Y tanto en esa zona como en el resto del país están naciendo niños desnutridos. Igualmente, los niños no están asistiendo a las escuelas porque en estas no les dan comida y tampoco la tienen en su casa. Las muertes de ancianos y de enfermos ha aumentado considerablemente por falta de tratamiento médico y de medicamentos.
Este año se ha violado abiertamente el derecho a la alimentación, lo que coloca al país en medio de una hambruna total, que obliga a las madres y personas de la tercera edad, enfermas muchas de ellas, a permanecer hasta doce horas en colas para tratar de conseguir dos o tres productos.
Los seres humanos están perdiendo peso todos los días. Y los Comités Locales de Alimentación y Producción apenas reparten bolsas a dos millones de personas.
La Operación para la Liberación del Pueblo (OLP), a raíz de un decreto presidencial totalmente ilegal, se rige con procedimientos contrarios a los derechos a la vida y a la libertad, constituyéndose en un escuadrón de la muerte.
En lo que va de su aplicación han fallecido más de 600 personas en supuestos enfrentamientos, pero no han recibido siquiera un rasguño los que han asumido la función de exterminadores de gente en los barrios.
Mientras tanto, el hampa sigue haciendo de las suyas. Sólo en la Gran Caracas están ocurriendo 455 homicidios por mes. Habrá 25 mil homicidios este año y se mantendrá, como indican los propios informes oficiales, 98 por ciento de impunidad.
