El gobierno de Nicolás Maduro debe ser juzgado por crímenes de lesa humanidad, advirtió la organización de derechos humanos, Cofavic. A través de un comunicado, la ONG fundada a raíz de los hechos de El Caracazo, advirtió que se puede establecer la responsabilidad del estado en casos como desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales dentro del Derecho Internacional.
Comunicado:
Las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes y la desaparición forzada de personas configuran dentro del Derecho Internacional crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles. Tanto las ejecuciones extrajudiciales como la desaparición forzada constituyen una violación múltiple y continuada de varios derechos reconocidos, pues no sólo produce una privación arbitraria de la libertad y la vida, sino violan la integridad, la seguridad personal y el debido proceso, colocando a las personas afectadas en un estado de completa indefensión y acarreando otros delitos conexos.
Desde junio de 2015 hasta el mes de febrero de 2016, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones de Interior, Justicia y Paz (MPPRIJP) informó que en el marco de la Operación Liberación del Pueblo (OLP), 245 personas fallecieron, siendo Carabobo (84), Bolívar (49), Distrito Capital (27), Miranda (13) y Falcón (12) los estados con mayor índice de víctimas [1].
En fecha 7 de octubre de 2016, el Poder Ejecutivo ofreció los resultados de la aplicación de una nueva fase de la OLP: 2977 funcionarios desplegados en 6 estados del país dieron como resultado “19 sujetos abatidos… 2 en el Zulia, 3 Aragua, 1 en Lara, 1 en Monagas y 12 en el Distrito Capital.” [2]
Es importante resaltar que no se conoce si las autoridades del Ministerio Público iniciaron investigaciones sobre estos 264 casos que se han presentado como presuntas muertes en enfrentamientos o resistencia a la autoridad.
Cofavic de manera independiente ha registrado de enero a junio de 2016, 977 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, mientras que en el mismo periodo de enero a junio de 2015 se registraron 590 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales lo que representa un aumento del 66 %. En un 37 % de los casos se señala presuntamente la participación de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC).
Las cifras demuestran que los jóvenes que habitan en barriadas populares son los principales afectados por los abusos de los cuerpos de seguridad del Estado. De enero a junio de 2016, de la totalidad de casos que Cofavic registró, el 81 % (881 casos) de las víctimas son menores de 25 años y el 99 % (967 casos) se refieren a hombres jóvenes.
En lo que ha transcurrido del año 2016, Cofavic ha documentado de manera directa 11 casos en los que se verificaron la existencia de 20 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales. En tres de estos 11 casos se verificaron más de 3 víctimas en el mismo hecho. En el 30 % de los casos, los familiares de las víctimas presentes en los hechos denunciaron haber sido presuntamente torturados y en un 25 % hay denuncias de robos de bienes y enseres.
Hay que recordar que el pasado 11 de noviembre de 2016, 9 personas fueron presuntamente ejecutadas por cuerpos de seguridad del Estado en la población de Cariaco estado Sucre y posteriormente, el 25 de noviembre, la opinión pública nacional conoció del hallazgo de fosas comunes en el municipio Acevedo, con restos de 12 personas quienes habían sido reportadas por sus familiares como detenidas ilegalmente y luego desaparecidas forzosamente [3].
No podemos olvidar que este año en los primeros días del mes de marzo, tuvimos el grave precedente de la masacre de Tumeremo en el estado Bolívar, donde se pudieron constatar patrones de actuación y de impunidad que lamentablemente se verifican en la mayoría de los casos conocidos en este año, demostrando la gravedad de la situación de violencia y de falta efectiva de respuesta institucional.
Para las víctimas y sus comunidades estos hechos han representado experiencias traumáticas por la crueldad con la que se desarrollan y el sistemático desamparo institucional sufrido. Muchas familias, incluyendo menores de edad y mujeres de edad avanzada, han sido testigos de las detenciones arbitrarias, las torturas y la violencia ejercida por los cuerpos de seguridad en contra de sus familiares y sobre ellos mismos al intentar intervenir o solicitar información.
Entre los patrones de actuación identificados en los referidos operativos de seguridad realizados por presuntos cuerpos de seguridad del Estado o grupos civiles armados con aquiescencia de estos en zonas con alta presencia militar y policial, destacan la irrupción ilegal y violenta a las viviendas y propiedad privada, destrucción de bienes, enseres y fuentes de sustento económico para estas familias. Asimismo, el posterior hostigamiento policial y militar en las zonas ha generado en los sobrevivientes un terror extremo y miedo a la denuncia, a reunirse y a expresar sus necesidades, demandas y expectativas.
