El informe aprobado por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional con respecto a las irregularidades detectadas en las obras del Sistema Hidráulico Yacambú-Quíbor pasará a comienzos del año venidero a la plenaria para su discusión y considerar si existen méritos para aplicar sanciones a los responsables de las mismas.
Como se ha informado, la obra, cuya construcción se inició en 1973, se encuentra paralizada en forma definitiva desde hace más de dos años y sus instalaciones, tanto en el Portal de Entrada, en Yacambú, como en el de Salida, en San José de Quíbor, han sido desmanteladas por completo.
En el informe de 80 páginas que fue aprobado por los miembros de la Comisión de Contraloría aparecen algunos nombres de funcionarios ligados al proyecto, como el exgobernador Luis Reyes Reyes, Jorge González y Landys Navarro, entre otros.
La entrada del documento a plenaria podría ocurrir en los primeros días del 2017, siempre y cuando la Asamblea Nacional salga del limbo en que se encuentra ante el desconocimiento de sus decisiones por parte del Poder Ejecutivo.
No se tiene previsto, por considerarlo innecesario para el juicio político, citar a los presuntamente involucrados en las supuestas irregularidades detectadas.
El diputado Guillermo Palacios, quien desde hace años está al frente de las investigaciones relativas al caso, considera que se han recabado recaudos suficientes para establecer responsabilidades, aunque será necesario esperar los debates.
Pero en lo que sí está claro el parlamentario es en las pérdidas que ha representado para el país el retraso en la culminación del ambicioso y esperado proyecto hidráulico que vendría a beneficiar, no sólo al estado Lara sino también a toda Venezuela por la producción agrícola que generará.
Basándose en el informe, Palacios calcula en 2.500 millones de dólares el monto de las pérdidas que el Estado venezolano ha registrado por la demora, sólo en los últimos años. 300 mil han sido por la vía directa, o sea, por contratos irregulares y más de 2.300 por lo que ha dejado de percibir la Nación por la falta de producción.
De acuerdo a la última fecha dada por el Gobierno para poner en servicio el sistema de distribución de agua, eso debió haber sido en el 2016, pero eso no ha ocurrido.
Se calcula que anualmente, las pérdidas superan los 581 millones de dólares.
Por ahora, tanto en el portal de Entrada como en el de Salida, nada ha cambiado, salvo que cada día desaparecen cantidades de los materiales abandonados, a la intemperie, durante varios años.
Con respecto al túnel, aunque últimamente nadie se ha atrevido a ingresar por la peligrosidad que representa, se encuentra completamente anegado y en caso de que se intente recuperarlo será necesaria otra inversión multimillonaria que se agregará a la ya asignada por varios gobiernos desde que el proyecto colmenzó a ser desarrollado.
Por otra parte, un grupo de obreros sigue esperando que algún día se reanuden las labores.
