La población larense enfrenta a diario diferentes cierres de vías en varios puntos de la entidad por el problema con la distribución de gas. El jefe de la Zona Operativa de la Defensa Integral (Zodi) del estado Lara, José Torrealba, junto a los representantes de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público –entre otros organismos de seguridad del estado- realizó una rueda de prensa en la Zodi (14 Brigada de Infantería), donde apuntó que los manifestantes que cierren las vías de comunicación serán detenidos por los organismos de seguridad.
El jefe de la ZODI precisó cuáles son los casos observados en las protestas que se reportan constantemente en la ciudad. Uno de ellos es la presencia de niños en estos cierres de vías y se le suma la obstrucción del paso vial con bombonas, que son productos inflamables y pueden ocasionar daños importantes.
Torrealba aseveró que las personas que incidan en hechos relacionados con la obstrucción de vías públicas deberán atenerse a las consecuencias legales previstas en las diferentes normativas venezolanas. Entre ellas citó el artículo 296 del Código Penal venezolano, el cual expresa: “Todo individuo que ilegítimamente importe, fabrique, porte, detente, suministre u oculte sustancias o artefactos explosivos o incendiarios, se castigará con pena de prisión de dos a cinco años. Quienes con el solo objeto de producir terror en el público, de suscitar un tumulto o de causar desórdenes públicos, disparen armas de fuego o lancen sustancias explosivas o incendiarias, contra gente o propiedades, serán penados con prisión de tres a seis años, sin perjuicio de las penas correspondientes al delito en que hubieren incurrido usando dichas armas.” Además del artículo 357 del mismo código, que reza: “Quien ponga obstáculos en una vía de circulación de cualquier medio de transporte, abra o cierre las comunicaciones de esas vías, haga falsas señales o realice cualquier otro acto con el objeto de preparar el peligro de un siniestro, será castigado con pena de prisión de cuatro años a ocho años. Quien cause interrupción de las vías de comunicación mediante voladuras o quien por este mismo medio cause descarrilamiento o naufragio de un medio de transporte, será castigado con prisión de seis años a diez años.”
Retendrán los cilindros
El comandante precisó que diariamente se reciben 20 cisternas de gas licuado de petróleo, usado para gas doméstico, y el número de protestas por la carencia de este servicio está alrededor de 8 a 12.
Entre otras medidas, también se retendrán los cilindros de gas domésticos (bombonas), pues aseguró que son propiedad del Estado, a pesar de que exista un contrato entre una persona con alguna empresa pública o privada de distribución y suministro de gas.
Torrealba explicó que el Comando de la Zodi y demás órganos de seguridad se activarán para que aborden pacíficamente a estos grupos, a los que denominó como “desestabilizadores” e “irresponsables”, para que posteriormente sean “encausados”.
La defensora del Pueblo, Elba Yris Rodil, apuntó: “Cerrar una vía no es manifestar en paz”, ya que -según sus palabras- la Defensoría del Pueblo tiene como responsabilidad velar por los derechos humanos y ese organismo no puede estar de acuerdo con manifestaciones que atenten contra los derechos de los demás.
Rodil expresó que la ciudad podría convertirse en una “anarquía” si no se toman cartas en el asunto e invitó a los manifestantes a “protestar de manera pacífica y apegados al marco legal”. La defensora aclaró que “no se está vulnerando el derecho a la protesta”, sino que el Estado debe actuar con el propósito de garantizar los derechos de toda la población, e instó a buscar otros mecanismos (como la denuncia) para contribuir con “la paz del país”.
Nuevo operativo
“Fuego Soberano” es el nuevo operativo anunciado por el comandante Torrealba, en el que se busca controlar la distribución de gas, tanto por tubería como por bombona, pues asegura que la meta es que el gas llegue hasta los sitios previstos y así se solucionen todos los inconvenientes causados por este problema.
