El 16 de mayo del 2016 se emitió un decreto por parte del Ejecutivo Nacional en la Gaceta 40.168, mediante el cual se autorizó la creación de la empresa Complejo Editorial Alfredo Maneiro S.A (CEAM), también conocida como Corporación Maneiro. Su objetivo estaba fijado en la consolidación de la comunicación del Estado.
Sin embargo, su rol cambio rápidamente en vista de la dificultad que estaban presentando los medios impresos del país ante la adquisición de las divisas para comprar la materia prima que necesitaban para continuar circulando. De esta manera, la empresa presidida por Hugo Cabezas, pasó a ser el único proveedor encargado del suministro del papel periódico y el acto de compra venta se podía tramitar en bolívares.
En los últimos tres años muchos medios de comunicación impresos han dejado de circular, otros han tenido que convertirse en semanarios, existen los que han reducido considerablemente su paginación, entre otras medidas tomadas por parte de los directivos de cada diario para seguir “existiendo”. Los que aún están en esa lucha, intentan impedir que se silencie la voz de un pueblo.
Hablan las instituciones
La Asociación Civil Justicia Solidaridad y Paz (Funpaz), desde su fundación en el año 2014, ha realizado estudios permanentes desde su observatorio, registrando una situación de riesgo para los medios impresos en Venezuela. “Esto no solamente para la empresa, donde se viola el derecho al trabajo, sino en términos de vulneración del derecho que tenemos a ser informados. Nos están limitando cada vez más, el Gobierno ha mostrado un juego perverso mediante el condicionamiento de la entrega del papel, lo vemos cuando el Ejecutivo regula y castiga a los diarios independientes. Es necesario entender que no hay democracia sin libertad de expresión e información”, señaló Andrés Colmenárez, vicepresidente de la organización no gubernamental.
Desde la Red de Instituciones Larenses se pronunció Maximiliano Pérez, expresando que los medios de comunicación se han visto bajo amenaza constante “desde el inicio de este régimen con la toma de posesión del fallecido presidente Hugo Chávez”. Los miembros de esta sociedad civil han mostrado su solidaridad con el diario EL IMPULSO, indicando que siempre trabajarán para defender lo que se ha convertido en un ícono para Lara y Venezuela.
“Muchos aprendimos a leer con EL IMPULSO. Representa las mañanas junto a una taza de café. Es un medio que nos ha dado más de cien años de noticias, más buenas que malas. Siempre aportando soluciones a las diferentes problemáticas de la región, ayudando a muchas instituciones y siendo la voz de universidades, personas, organismos, y cumpliendo su labor de informar”.
Recalcó que los monopolios están prohibidos por la Constitución, esto en referencia a la Corporación Maneiro, y que “mientras tengamos una justicia desfasada no habrá desarrollo”.
Por otro lado, el presidente de la Fototeca de Barquisimeto, Carlos Eduardo López, recalcó que las acciones tomadas por el ente encargado del suministro del papel representan “una de las mayores desidias en contra del diario más antiguo de Venezuela”, al catalogar a este medio en específico como parte de la cultura del estado y de cada venezolano.
“Es inaudito que esté sucediendo esto, sabemos que viven permanente acosados y esto no debería ocurrir en ninguna parte del mundo. EL IMPULSO está entre los 20 diarios más longevos de Latinoamérica. Quiero hacer un llamado a nuestras autoridades regionales y municipales a que se pronuncien con respecto a la situación que padecen hoy en día. Si el periódico deja de circular estarían callando a una sociedad completa”.
El problema de la entrega del papel es una situación “inducida” según lo señala Manuel Vírgüez, representante del Movimiento Vinotinto. “Los medios son vitrinas y la voz de toda la población. Estamos ante una situación de centralismo en las áreas de distribución de la materia prima. Es un grave retroceso de los derechos civiles. Recordemos que la opacidad de la información trae el oscurantismo”.
Los llamados de atención están dirigidos a la CEAM, al Presidente e incluso al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, para que se aboquen a solventar esta crisis tan aguda que está viviendo la prensa en el país. Que incluso puedan evaluar e investigar la comercialización del papel que llega a la Corporación y el proceso de distribución, en el cual se debería tomar en cuenta las necesidades de cada periódico.
