En la sede de la Dirección Regional de Salud, ubicada en la avenida Vargas, miembros de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Sector Salud se pronunciaron sobre las medidas que piensan tomar para llamar la atención de las autoridades sobre sus solicitudes.
El presidente de esta asociación, Alberto Martínez, explicó que la situación de los jubilados y pensionados es cada vez más difícil por el poco interés que han manifestado las autoridades por aquellos que han dedicado su vida a sus labores. Martínez mostró un oficio dirigido al presidente Nicolás Maduro que exhorta al cumplimiento de los artículos 21, 80, 83 y 86 de la carta magna, así como la actualización de los montos que reciben anualmente como extrabajadores de la salud.
“En fecha 13 de junio de 2013, se aprueba el proyecto de convención colectiva de trabajo en reunión de Normativa Laboral para el sector salud con alcance nacional y donde se nos otorga por vía de excepción los mismos beneficios que el personal activo”, se lee en el comunicado enviado al jefe de Estado. Estas líneas obedecen a los 13.288 bolívares quincenales que reciben los pensionados, a lo que Bolivia de Zuleta, secretaria de Finanzas de la asociación, cuestionó por ser una cantidad reducida y no estar acorde con la realidad económica del país.
De Zuleta expresó que deben revisarse las cláusulas contractuales para contrastarla con los costos actuales, que incluye pagos de prestaciones, intereses de mora, bono de alimentación y medicina, la homologación de la Normativa Laboral y la revisión de jubilados en sus diferentes clasificaciones (T1, T2, P1, P2 y P3).
La asociación criticó el estado actual de los ambulatorios y hospitales que no cubren las necesidades de la población y la escasez de medicamentos en el territorio nacional, por eso instaron a las autoridades a solventar los problemas de este sector, pues es un asunto que finalmente perjudica a toda la población.
En caso de no tener ningún tipo de respuesta, el próximo paso será trasladarse hasta Caracas para exponer sus solicitudes ante la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social.
