La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) aprobó este miércoles el informe final sobre las irregularidades en la construcción de la represa Yacambú-Quíbor y acordó la responsabilidad política del exgobernador de Lara, Luis Reyes Reyes, de la exministra de Ambiente, Yuribí Ortega, el expresidente de la empresa Yacambú-Quíbor y ENMOHCA, Jorge González González, la actual presidenta de la empresa Landys Navarro y el exfuncionario Rafael Álvarez Fonseca por la comisión de hechos ilícitos administrativos cometidos en la ejecución de la obra, que generaron la paralización de la misma.
El diputado por el estado Lara, Guillermo Palacios, durante su intervención, destacó que este constituye también un caso de violación de los derechos humanos, ya que la infraestructura se dispuso para que atendiera el servicio de agua para consumo humano para una población de más de un millón trescientas mil personas.
«Hoy, hemos visto como las manifestaciones que ocurren a diario en el país y en el estado Lara, no son sólo por el problema del gas y la alimentación, sino por el del agua. Hubo una desinversión por parte del Gobierno nacional en algunos casos y en otros porque dispuso los recursos y fueron mal utilizados», aseveró.
Recordó que en el caso de la represa Yacambú-Quíbor, además del objetivo de suministrar agua para el consumo humano, también era para poner en regadío más de 25 mil hectáreas.
«Si hoy estuviesen en riego esas hectáreas no tuviera el presidente de la República que acudir a Rusia a buscar empresas para que vengan a suplir la falta de agua que ha habido en el país», indicó.
Palacios solicitó, además, que se le pida al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, que realice todas las diligencias que estén dentro de su competencia para que se protejan los derechos humanos de los ciudadanos larenses, por considerar que han sido violentados por la comisión de hechos irregulares, los cuales dieron origen a la paralización de la represa Yacambú-Quíbor.
«Además, se debe procurar que se satisfagan las indemnizaciones a las familias, de origen indígena, que estaban ubicadas en la zona de la represa, así como a los trabajadores que quedaron cesantes y no les han cancelado sus pagos en forma total», precisó.
De igual forma, el parlamentario larense señaló que el contralor de la República debería responder por el citado caso, del cual tenía conocimiento hace varios años atrás.
Por su parte, el vicepresidente de la Comisión, Ismael García, sostuvo que luego del debate en la plenaria de la AN, se debería acompañar al diputado Guillermo Palacios, a la Fiscalía General de la República, para que abra una investigación sobre tales hechos.
