Al haber transcurrido un año del triunfo de la oposición para la escogencia de los integrantes de la Asamblea Nacional, la decisión mayoritaria del pueblo ha cobrado mayor valor, porque se ha comprobado que quienes militan en los partidos democráticos están apegados a los principios de la Constitución y las leyes, mientras que el sector oficialista ha pisoteado todas las disposiciones constitucionales y ha desconocido la legalidad de todas las normas del país.
Tal criterio es exteriorizado por Justo Mendoza, secretario político y miembro de la dirección nacional de Avanzada Progresista, quien resaltó que tanto las actuaciones del Ejecutivo Nacional como las del Tribunal Supremo de Justicia para desconocer la labor de la Asamblea Nacional, no sólo son arbitrarias y propias de una dictadura, sino que han puesto de manifiesto que quienes enarbolan las banderas del llamado socialismo del siglo 21 no son demócratas, sino que están inmersos en el totalitarismo, que es la negación de todos los derechos humanos, civiles y políticos.
De aquel 6 de diciembre a este que se cumplió ayer, el régimen no sólo ha empeorado en la conducción del país, sino que la popularidad del Presidente de la República, Nicolás Maduro, ha descendido profundamente. El 87 por ciento de la población quiere que quienes están en el poder, se vayan porque son los culpables de la falta de alimentos y medicinas, de la inflación más alta del mundo y de la destrucción de la principal empresa del Estado venezolano, como lo es PDVSA, además de haber permitido que la delincuencia tomara el mayor espacio y la impunidad se impusiera groseramente.
Es por ello que el país está reclamando un gobierno de transición, que permita ir resolviendo los agudos problemas que afectan a la población y evitar que esta situación que actualmente agobia a los venezolanos desemboque en una ola de violencia, porque la gente no ve salidas concretas a una crisis que cada instante se hace más difícil de soportar.
