El diputado Rosmit Mantilla y la defensora de derechos humanos Rosa Orozco, se encadenaron frente a la sede de la Nunciatura Apostólica como recordatorio sobre la necesidad de exigir al gobierno que libere a la totalidad de los presos políticos.
«Estamos en esta nueva jornada de protesta pacífica y cívica con un sólo clamor, que estas navidades más de 100 presos políticos estén en libertad», manifestó la dirigente de Voluntad Popular y diputada a la Asamblea Nacional, Gaby Arellano.
La iniciativa es paralela a la tomada por la esposa y la madre de Leopoldo López frente a la Santa Sede, en Roma, Italia. Arellano subrayó lo crucial que resulta esta semana por la celebración, este martes 6 de diciembre, de la próxima audiencia en el llamado diálogo entre gobierno y oposición, en la que actúa como mediador el Papa Francisco representado en sus dos enviados.
«Porque creemos en el Vaticano es que hoy estamos aquí de manera pacífica, exigiendo resultados concretos para un centenar de personas que llevan años presos (…) No queremos anuncios ni documentos, queremos resultados», expresó Arellano.
Mantilla fue liberado hace 10 días tras pasar más de dos años privado de libertad en la sede del Sebin, mientras que Orozco es la madre de Geraldine Moreno, estudiante asesinada en Valencia por un Guardia Nacional durante las protestas ciudadanas de 2014.
Fueron acompañados por familiares de otros detenidos por razones políticas, como el alcalde de Maracay, Delson Guárate; los ex funcionarios de la Policía Metropolitana condenados por el caso del 11 de abril; Yon Goicoechea, Gerardo Carrero y otros.
Golpiza
Por otro lado, la diputada a la Asamblea Nacional denunció que 14 presos políticos recluidos en la sede del Sebin El Helicoide, fueron agredidos físicamente por funcionarios de ese cuerpo luego iniciar una huelga de hambre.
«Se pusieron en huelga de hambre exigiendo libertad y respeto a sus derechos, y no habían pasado dos horas de esto cuando fueron brutalmente golpeados. Desde las 12 de la noche no tenemos comunicación con ellos», advirtió Arellano al precisar que los abogados no han podido comunicarse con sus respectivos defendidos.
El diputado suplente a la AN, Renzo Prieto, fue uno de las víctimas de la acción represiva. También el exdirigente estudiantil Vilca Fernández, y Betty Grossy, presunta «financista» de las protestas ciudadanas de 2014.
“Yo recibí la información y tengo las pruebas de que fueron torturados y vejados (…) Hacemos un llamado a los organismos internacionales y las autoridades de la Iglesia a que se apersonen a la sede del Sebin para que verifiquen el estado de salud de los compañeros», manifestó Arellano.
