Venezuela requiere más que nunca de la lucha de los trabajadores. En un escenario de crisis social, donde el círculo vicioso de la improductividad y la insuficiencia de los salarios, parece no terminar, movimientos y dirigentes laboristas mantienen su compromiso con el país.
Marcela Máspero, coordinadora nacional de la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE) y miembro de la directiva nacional de Voluntad Popular, comenta al respecto, que todo trabajador tiene el derecho y el deber de actuar en la reconstrucción del Venezuela y para ello se requiere de partidos y sindicatos sólidos.
Sostuvo que al país no llegarán “libertadores que lo salven”, por lo que se necesita del trabajo de todos. “O salimos y nos unimos por encima de las diferencias, que siempre existirán, para rescatar este país, o moriremos de mengua”.
La posición de Máspero, así como la de otros dirigentes sindicales, es “seguir apostando para que se den los cambios necesarios”.
La dirigente nacional formó parte de las líneas del Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei), fue diputada por el Movimiento V República (MVR) y como UNETE apoyó el proceso del presidente Hugo Chávez, pero también marcó distancia cinco años atrás.
Hoy, critica con firmeza la política salarial sin corrección de los niveles de inflación, condena el hostigamiento laboral y de la libertad sindical, apoya un cambio de gobierno y sostiene que el país sólo se recuperará con producción nacional.
-¿El gobierno ha hecho propia una política de incremento constante de los salarios, pero es esto garantía de fuentes de empleo o al menos de un trabajo digno?
-Una arista que tenemos que tomar en cuenta y que a veces pasa desapercibido, es la pérdida de los empleos. Hoy, cerca de 200.000 empleos se han cerrado en 2016 y 20.000 son del sector público, incluidos los compañeros de los centrales azucareros, los despedidos y perseguidos por firmar por el revocatorio y trabajadores de alcaldías y gobernaciones a los cuales tampoco les han llegado los dos últimos ajustes salariales, porque hay un show por parte del gobierno obrerista, que anuncia un salario que nunca se recibe y un cestaticket socialista que bonifica nuestro salario, otro elemento del cual tenemos que ser detractores.
¿Es cierto que Venezuela es el único país donde los incrementos salariales no generan satisfacción a los trabajadores?
-Es el único país donde, por un aumento salarial, entramos en crisis… Los incrementos por supuesto que hacen falta e impulsamos una ley general de salarios, así como una ley sindical, ante la Asamblea Nacional. Pero todo eso pasa por otras políticas. Para nosotros, lo importante es fortalecer el aparato productivo nacional. Por cada dólar que se utiliza para comprar productos terminados a otros países, se dejan generar otros cinco en Venezuela. Necesitamos revertir esa situación, construir y aportar para una nueva y mejor Venezuela, sin exclusiones de ningún tipo.
-¿Qué opina de las modalidades del gobierno de liquidar o suprimir empresas públicas?
-Han venido suprimiendo y liquidando empresas públicas, dejando a venezolanos sin trabajo y lo decimos nosotros que somos la madre de la criatura y no lo podemos negar. Cuando asumió el mandato el presidente Chávez (Hugo), estuvimos allí, en lo que para nosotros eran recuperaciones, porque creíamos que se dignificaría a los trabajadores, fortalecería la producción y comercialización, que habría un nuevo modelo económico y participaríamos los trabajadores en la gestión…. Pero allí lo que hay es una fábrica de terrorismo patronal, de persecución y acoso laboral. Todos los trabajadores que llegaron con esperanza y apoyaron estas ocupaciones, están siendo perseguidos y botados, además de desmejorados. Nosotros somos perseguidos políticos por luchar por la producción, por luchar por dignificar a nuestros compañeros. Hablo desde Lácteos Los Andes, pasando por Venezolana de Cementos y Sidetur. Los trabajadores que están hoy en la Corporación Siderúrgica Nacional están siendo despedidos, porque quien dirigía esa empresa estaba interesado en producir, pero el otro grupo del gobierno no quiso.
-¿Por qué no se querría producir en las empresas básicas?
-No sólo pasa en Sidetur, sino en todas. Los que están al frente de esas empresas, la mayoría militares, que dejan muy mal parado el honor como consigna militar, venden materias primas por debajo del precio internacional para enriquecerse. A ellos no les importa la producción.
-¿Cómo se encuentra la industria nacional en general, en materias primas?
–El problema es generalizado. Todos los sectores esperan por materias primas. Es un tema de políticas públicas donde se tienen que sentar quienes saben y no el General del arroz, del aceite o el de las caraotas, decidiendo como militares con enormes salarios y privilegios para seguir contrabandeando, mientras tenemos todos los problemas que tenemos. Eso se resuelve con diálogo social y políticas públicas en el sector económico, pero el gobierno no ha dado una sola señal de corrección.
–¿Cómo ha afectado al sector trabajador la monopolización del gobierno de diversos mercados, incluidos el de divisas preferenciales y materias primas?
-Se han perdido gran cantidad de empleos, por ejemplo en el sector de los medios de comunicación, en especial en los medios impresos, producto de la monopolización del gobierno. Eso se traduce en graves violaciones a los derechos humanos, porque se falta al derecho al trabajo, pero también al derecho a la información, que desde hace mucho está violentado, solo que ahora se utiliza como argumento la compra del papel. El fondo es violentar el derecho a la información y callar o tratar de cambiar la opinión de esos medios que se mantienen libres e independientes para ponerlos al servicio del gobierno. Los que lo están tienen su papel, sus permisos y concesiones y eso es parte de lo que se debe corregir. Este país también necesita medios de comunicación libres que cuenten con todas las posibilidades para su desarrollo…. Es lo mismo que ocurre en el sector construcción con las cabillas y el cemento, monopolio que maneja el gobierno. Empresas Polar produce harina de maíz, pero a través de decretos que ha inventado el gobierno, la producción de estas empresas va dirigida al gobierno, quien las controla para enviarla a los CLAP, que le llegan a los privilegiados, que se quedan con grandes tajadas.
-¿Cómo afecta el tema cambiario y el actual precio del dólar paralelo al trabajador?
-Venezuela tiene graves problemas desde el punto de vista financiero. Primero tenemos un Corralito Financiero, negarlo es cerrar los ojos, porque hay limitaciones en el uso del efectivo y restricciones en la banca; la banca pública registra caídas en los sistemas, grandes colas y mal servicio y a quienes más afecta es a los pensionados y jubilados; y el incremento de la divisa paralela, que registra incrementos exorbitantes es un tema al que no se le ve salida, pero tiene que ver con los negociadores de los bonos, porque cuando se habla de riesgo país, tienen intereses representantes de todos los sectores que compraron bonos, la mayoría vinculados con el gobierno. Entonces, mientras más alto es el riesgo país, más cobrarán ellos…. Las divisas que han escalado horrorosamente, seguramente incidirán en los alimentos y sobre todo en el cierre de comercios y establecimientos, que no tendrán cómo traer productos de afuera, mientras otros usan divisas a 10 bolívares para vendernos productos a precio internacional. Todo esto se convertirá en cierre de empresas, menor oferta de los mercados y el enriquecimiento de unos pocos.
Se necesita diálogo social
En opinión de Máspero, el sector laborista no tiene “nada que hacer en el diálogo político”, que actualmente se desarrolla.
“Querer involucrar actores de la sociedad civil es un error. Quienes están ahí ya tendrían que tener una respuesta electoral y si no la hay, porque todos los miembros internacionales que están ahí tienen negocios con el gobierno, excepto el Vaticano que intenta hacer un buen papel, no hay nada que hacer”, manifestó.
En opinión de la dirigente sindical, “ese es un diálogo político y el que necesitamos es de tipo social, donde podamos participar los trabajadores y los sectores productivos”.
Debe haber un diálogo social permanente en el que se difundan políticas económicas en materia de planificación, producción y derecho laboral. “Mezclar los dos diálogos, es caer en la trampa del gobierno, que hoy quiere ganar tiempo”.
Denuncia internacional que tiene peso
Máspero recordó que el movimiento laborista venezolano visitó Ginebra, durante la Conferencia de la Organización Internacional Trabajo (OIT), en el mes de junio, a pesar de que el gobierno venezolano no los acreditó como delegados.
En esta oportunidad introdujeron una queja con base en uno de los mecanismos de control más graves de la OIT, el cual se une con la denuncia interpuesta, por la misma vía, en 2015, por la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras).
– Presentamos videos y sonidos de amenazas de gobernadores y presidente de instituciones como pruebas de nuestras denuncias. Nos referimos al convenio 87, de violación a la libertad sindical; convenio 111, que protege a estos 1.500 trabajadores despedidos y que sustenta el expediente; y el convenio 95, de protección al salario, porque en estos momentos los trabajadores vivimos la desconfiguración de nuestros salarios.
Esas quejas serán examinadas en marzo, por lo que en el contexto internacional, se habría desdicho la hipótesis del gobierno de que la crisis del país es culpa de un sector empresarial que desea acabar con el socialismo.
Sobre qué pasa con esas conclusiones o que tan trascendentales serían, si el gobierno tiende a no atenderlas, expresó que ha habido recomendaciones de órganos de control, las cuales el gobierno no ha cumplido, pero queda claro que cada vez que asiste a un escenario miente, en especial en materia de derechos humanos.
Recordó que países como Zimbabwe, han introducido expedientes ante la OIT, sobre el mismo articulado y como resultado se han instalado comisiones de encuesta que han acarreado intervenciones y bloqueos económicos, “que no los queremos para Venezuela, pero como trabajadores tenemos que ser coherentes, así como Venezuela no puede estar en el Mercosur, sin cumplir con la carta sociolaboral”.
Una cruz de otros
“Los trabajadores llevamos sobre los hombros, una crisis de la cual no somos responsables. Hoy, para acceder a la Canasta Alimentaria Familia, necesitamos 19 salarios mínimos. Sólo el 1.8 % de la población puede obtener los mismos alimentos que compraba hace dos años y más de 65 % de la población, sobre todo en los estratos más pobres, está convencida de que hay una crisis humanitaria en el país”.
Agregó que la pérdida del poder adquisitivo, ha representado el más duro golpe para el venezolano y que en materia de alimentos los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), son excluyentes.
-Cuando llegan al sector público se tergiversan, porque los funcionarios de alta jerarquía, se apropian de recursos que supuestamente son para los trabajadores, sumado a que comercian libremente con estos… Lo hemos denominado el mercantilismo de un derecho humano fundamental, como lo es el derecho de la alimentación. El gobierno asume la postura de mercenario, cuando somete a la indignidad y humillación de los CLAP.
Sobre el Programa de Alimentación Complementaria, criticó que sea una oferta con base en precios del mercado internacional.
“El gobernador de Táchira (José Vielma Mora), dijo claramente que se comprarían en el exterior para venderlos a precio internacional. Pero si llevamos a precio internacional nuestro salario, sería de 25 dólares. Un kilo de arroz cuesta lo mismo que en Suiza, pero allá el trabajador gana 1.200 francos. Es totalmente incoherente”, comentó.
