41 sentencias que atentan contra la Constitución, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales ha emitido el Tribunal Supremo de Justicia en lo que va de 2016.
Así lo afirmó el abogado constitucionalista José Vicente Haro, en el marco de una mesa de análisis “TSJ versus Constitución», organizada por Cedice.
De acuerdo con el profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, 31 de esas decisiones cargan directamente contra la autonomía y facultades del Poder Legislativo, y otras cuatro “darán de que hablar” el año que viene, pues apuntan a ilegitimar a los partidos políticos quienes no podrán utilizar sus respectivas tarjetas en futuros procesos electorales.
“Se va amenazando la cancelación o disolución de los partidos”, alertó Haro, quien a su vez señaló como contexto determinante de esta situación la corrupción generalizada del Poder Judicial y su carácter de instrumento político.
«Si antes hablábamos de tribus judiciales, hoy lamentablemente debemos hablar de mafias judiciales», expresó.
Sala Constitucional y Maduro
Por su parte, el especialista en Derecho Público y también profesor universitario, Vicente González de la Vega, convalidó la opinión del constitucionalista al afirmar que «Maduro le debe la presidencia de la República a la Sala Constitucional».
En este sentido, recordó que de no ser por una decisión de esa instancia, el ex canciller no habría podido participar en la justa electoral que se generó a raíz de la muerte de Hugo Chávez, ya que entonces era el presidente encargado de la República, cargo que tampoco debió ocupar de acuerdo con la Constitución, que contempla que en caso de falta absoluta corresponde asumir el cargo al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello para entonces.
«La Sala Constitucional preparó el terreno para tener a un presidente-candidato», señaló González.
Así mismo, siete sentencias de esa instancia «han sostenido el estado de Excepción y emergencia económica» que detenta Maduro desde que la oposición llegó a la AN, y que le han permitido pasar por encima de este Poder Público.
Desde el punto de vista económico, también fue el TSJ el autor de la implementación de la ideología económico-social del chavismo, desde que incursionó en este terreno con la sentencia de 2004 sobre los créditos indexados. Pero fue este año precisamente cuando consumó su control sobre el órgano judicial, y desde entonces «el TSJ no ha hecho otra cosa que política».
Por último, el especialista advirtió que para recuperar el estado de Derecho en Venezuela, hoy totalmente inexistente, «en algún momento alguien tendrá que desmontar el mamotreto económico y político que se ha montado a punta de sentencias que están sustentadas en el Plan de la Patria y no en la Constitución».
