La continuidad del diálogo entre el gobierno y la oposición para resolver la crisis política y económica de Venezuela pende de un hilo, luego de que ambos bloques se acusaran mutuamente de incumplir acuerdos.
El principal delegado oficialista, Jorge Rodríguez, rechazó este jueves un ultimátum de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que amenazó con levantarse de la mesa si el gobierno no cumplía lo pactado antes de la siguiente reunión, el próximo martes.
Rodríguez dijo que es la alianza la que ha quebrantado su palabra y que, pese a ello, el chavismo permanecerá en la negociación.
«Nos mantenemos en la mesa de diálogo, independientemente de las dificultades internas que tiene la MUD. No pueden seguir dando ultimátums a la paz de la República», sentenció en rueda de prensa.
El miércoles, en un comunicado, la MUD advirtió que «solo cuando el gobierno dé muestras claras de cumplimiento de los compromisos» reanudará su participación.
En opinión del consultor político Edgard Gutiérrez, el intercambio de acusaciones «demuestra que el diálogo fracasó».
«Este diálogo político estaba condenado al fracaso desde el inicio. El chavismo le arrebató a los electores el referendo revocatorio (del mandato del presidente Nicolás Maduro) y usó esa maniobra para ofrecer cosas que nunca iba a cumplir», aseveró Gutiérrez a la AFP.
La oposición insiste en pedir la reactivación del revocatorio -suspendido el 20 de octubre- o el adelanto de las elecciones presidenciales de diciembre de 2018, escenarios descartados por el oficialismo.
Puntos de honor
Para seguir en el diálogo iniciado el 30 de octubre con el auspicio del Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la MUD exige que se designen dos nuevos rectores del Poder Electoral y se levante el desacato impuesto por el Poder Judicial al Parlamento de mayoría opositora.
Además, reclama la repetición de la elección de cuatro diputados, la liberación de «presos políticos» y la apertura de un canal humanitario.
Pero Rodríguez sostiene que el chavismo jamás adquirió esos compromisos.
A su juicio, lo que se acordó fue combatir lo que el gobierno llama un «sabotaje» a la economía, defender los derechos de Venezuela sobre Guayana Esequiba -un territorio en reclamación- y ejercer una acción política respetuosa.
El único punto en común que reconoció Rodríguez fue la «superación de la situación de desacato» del Legislativo.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró en desacato al Parlamento tras juramentar a tres diputados opositores de Amazonas, cuya elección fue suspendida por denuncias de fraude.
Aunque los asambleístas solicitaron el pasado 15 de noviembre ser excluidos, para el chavismo no es suficiente. «Tenía que votarse en plenaria la desincorporación y dejar sin efecto su juramentación», señaló Rodríguez.
Negociación y presión
La MUD ha advertido que reactivará sus protestas contra Maduro, congeladas en el marco del diálogo.
«Negociación sin presión, está destinada al fracaso. Al igual que la presión sin negociación», dijo a la AFP el diputado opositor Luis Florido, quien opinó que el centro de las conversaciones debió ser el tema electoral.
«Eso no se hizo y el diálogo empezó mal», expresó el parlamentario de Voluntad Popular, el único de los cuatro grandes partidos de la MUD que se negó a sentarse en la mesa.
Según Gutiérrez, el gobierno ha sacado los mayores beneficios de la negociación, porque «logró un descenso dramático de la presión política y ganó el tiempo que necesitaba. Ya no le sirve de nada, ya ganó lo que necesitaba».
Voluntad Popular propuso este jueves a la MUD que el Parlamento retome una discusión sobre la responsabilidad política de Maduro en la crisis y declare «abandono del cargo» y «falta absoluta», lo que acarrearía su destitución.
