Aunque, en consideración a la terrible crisis humanitaria que el país padece, en EL IMPULSO hemos decidido darle prioridad editorial todo este tiempo a la falta de alimentos y medicinas, y a las carencias básicas de los más diversos sectores de la vida nacional, hoy nos vemos precisados a informar responsablemente a los lectores, y a los venezolanos en general, acerca del riesgo que otra vez afrontamos, de interrumpir nuestra circulación, en los próximos días.
Esta situación, como se ha expuesto antes, está presente desde que el Gobierno decidiera controlar la importación y distribución del papel periódico, a través de la Corporación Editorial Alfredo Maneiro (CEAM). Aparte de que la experiencia da cuenta de lo nefasto que eso ha resultado en lo concerniente a otros rubros, es fácil comprender lo delicado, y hasta peligroso, en que redunda tal dependencia de los medios de comunicación, respecto al sector oficial, en tiempos de crispación social, polarización política e inestabilidad institucional.
Los trámites burocráticos para la provisión del papel nos han sumido, a todos en esta casa, en un estado de incertidumbre constante, angustioso. Ahora mismo, cercana como está la fecha del aniversario número 113 de la fundación, no sabemos a ciencia cierta hasta cuándo podremos estirar las pocas bobinas que conforman nuestra menguada existencia. Y si estas páginas han podido salir impresas de los talleres, es gracias a ahorros y sacrificios, casi siempre dolorosos, así como al préstamo de alguna empresa periodística amiga, ante la cual se asume, por lo demás, el compromiso de la reposición inmediata.
Recibimos dos cotizaciones para la adquisición de papel por parte de CEAM, una el jueves 17 y otra el viernes 18, de este mes. Urgidos como estamos, la C.A. EL IMPULSO procedió a efectuar sin tardanza los pagos correspondientes, por cierto, con un notable incremento en el costo: más del doble de la anterior facturación. Eso, pese a todo, nos hizo sentir relativamente aliviados, pero casi dos semanas después no se ha materializado el despacho. Ayer se nos participó que «de llegarles papel» (?) harían el envío. No obstante la remesa ofrecida apenas nos alcanzará hasta los días de Navidad. Entonces volvería el suplicio. Es que, de continuo, el vejatorio silencio del ente oficial sólo es interrumpido por la emisión de respuestas informales, evasivas, imprecisas y hasta confusas.
Como lo anotamos al inicio de estas líneas, sabemos bien que la ciudadanía toda, en mayor o menor grado, está sometida a privaciones que pudieran estimarse más urgentes, o vitales, que la del papel periódico. Sin embargo, está claro que amordazar a los medios de comunicación social, cualquiera sea el método, deja sin tribuna a la sociedad entera. La censura y, peor aún, la autocensura, obstruyen los canales de expresión, silencian la protesta, le restan eco y efectividad. Es el sistema democrático, en definitiva, el que así se resiente. No deja de ser sintomático, valga subrayarlo una vez más, que las principales víctimas son, precisamente, los medios independientes, los que mantienen intacta su solvencia editorial, en una palabra, aquellos que conservan su postura crítica frente a cuanto estimen reprochable en el manejo de los asuntos de interés público. ¿Será necesario recordar que la Constitución Bolivariana de 1999 (artículo 58) garantiza el “derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura”, así como «el derecho al trabajo» (artículo 87); y reconoce (artículo 110) el carácter de “interés público” de los medios, con las plenas garantías que ello supone?
Por todo eso, y más, exigimos del Gobierno una inaplazable rectificación, en nombre de este periódico y de todos los que sufren un drama similar. El derecho a la información es, por lo demás, un bien inestimable que pertenece al público. Se trata de un derecho humano, esencial, en cuyo ejercicio y defensa no estamos dispuestos a claudicar.
