La discrecionalidad y falta de controles en su ejecución son el origen de los excesos y violación de derechos humanos en los que ha incurrido el plan Operación para la Liberación del Pueblo (OLP), expresó el criminólogo y experto en seguridad ciudadana, Fermín Mármol García.
En su opinión, en un entorno donde los delincuentes están mejor armados que los cuerpos policiales era necesaria la intervención militar en la seguridad ciudadana; sin embargo, cree que estas fuerzas deben estar subordinadas al control civil y no al revés.
“Este tipo de circunstancias donde se violan los derechos humanos se van a dar cuando convergen varios factores: cuando no hacemos acompañamiento interinstitucional; cuando no hay la debida supervisión al grupo de hombres que son desplegados en una zona, a quienes no se les exige rendición de cuentas, y cuando se deja la transparencia a un lado”, manifestó a EL IMPULSO.
“Visto el desastre por omisión y acción del Gobierno en estos 18 años, los cuadros delincuenciales tienen hoy un poder de fuego muy superior a las policías, y hasta donde yo comprendo, la única manera de competir contra un grupo de hombres atrincherados y armados con granadas, es con un tanque de guerra. (…) Pero aquí lo que ha habido es una generalización del estamento militar, con el agravante de que también ha subordinado a la fuerza policial a ella”, agregó.
Las declaraciones vienen al caso tras el revuelo levantado por el hallazgo de 12 cadáveres cerca de la población de Barlovento, estado Miranda, que habían sido dados como desaparecidos luego de su detención por parte de militares en el marco de un OLP. Por el caso hay 11 oficiales del Ejército detenidos, mientras los ministros de la Defensa y el Interior han prometido establecer las responsabilidades individuales por los excesos.
Oscuridad
En relación con los recientes sucesos, el criminólogo advirtió que lo que ha salido mal con las OLP son muchas cosas, aunque esencialmente era una idea cuya aplicación era necesaria dado el contexto venezolano, donde el Estado ha cedido al hampa el monopolio de la violencia.
En primer lugar, señaló que nunca ha sido posible hacerle un seguimiento ciudadano al plan de seguridad porque “no hay nada escrito” sobre él, ni objetivos, ni duración, ni balances ni nada.
Igualmente, cree que más que una política perdurable en el tiempo el OLP ha sido aplicado bajo un formato de operativo, cuando lo deseable era que la autoridad llegara para quedarse a las zonas dominadas por la violencia, tal como ocurrió en las favelas de Brasil.
Así mismo, Mármol García cree que las desviaciones podrían haberse evitado adoptando medidas garantistas como invitar a funcionarios del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo a los despliegues policiales y militares, así como el uso de la tecnología para registrar la actuación de los efectivos militares y policiales.
“Por ejemplo, el uso de drones o cámaras incorporados al uniforme permitiría grabar en tiempo real la actuación de los funcionarios en el marco de los OLP´s, así como infiltrar a las bandas criminales con el fin de desarrollar estrategias para proteger la integridad de los uniformados”, señaló.
El experto indicó que una política de seguridad ciudadana sana habría considerado a los medios de comunicación social como aliados y no como enemigos.
“Deberíamos estar llevando a la escena del crimen en Barlovento a los medios de comunicación social para dar un mensaje de transparencia y no tolerancia a los crímenes contra los derechos humanos”, manifestó Mármol García.
