Para exigir la eliminación de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), una profunda investigación en el seno de la Fuerza Armada Nacional (FAN) y la destitución de los ministros de la Defensa y de Interior, se pronunció este lunes la Comisión de Política Interior del Parlamento, en torno a la “masacre” ocurrida en Barlovento.
La presidenta de la comisión, Delsa Solórzano, recordó que inicialmente fueron detenidos 30 jóvenes en el marco de la OLP, de los cuales tres estaban solicitados y fueron debidamente presentados y posteriormente liberados. De esa misma cantidad, 12 fueron “ajusticiados” y dos permanecen desaparecidos.
“Esto no es solo una masacre sino que es la demostración de brutales torturas ejecutadas por funcionarios del Ejército venezolano. No podemos sentirnos satisfechos porque haya unos presos, por el contrario, estaremos satisfechos el día en que se comprenda que la seguridad ciudadana no depende de matar inocentes ni de hacer operativos en los sectores populares para decir que están matando delincuentes. Exigimos la destitución del general Padrino López y de Néstor Reverol. Además quiero destacar que esta cifra de fallecidos puede aumentar porque hay muchachos que aún están desaparecidos”, dijo.
Sobre la actuación de la institución castrense señaló que “evidentemente el honor dejó de ser la divisa de la Fuerza Armada desde hace mucho tiempo; apelamos a la conciencia de los militares honestos para que se rebelen en contra de estos operativos que son para asesinar al pueblo”.
De igual forma, tras el hallazgo de 12 cadáveres las autoridades pidieron a los familiares durante este fin de semana, dirigirse a la Medicatura Forense de Bello Monte, en Caracas, para proceder con la identificación. No obstante, tomaron de excusa el “no querer que tuvieran esa última impresión de sus allegados”, para evitar el reconocimiento físico y en ese sentido, mostrarlos mediante fotografías.
Las fallas cometidas
Por su parte, el militar retirado y diputado al Parlamento por el estado Lara, Teodoro Campos, explicó que el Batallón de Cazadores N° 323, tiene dos cadenas de mando, una administrativa y otra operativa que de haberse activado, estas personas aún contarían con vida.
“De la cadena administrativa está la 32 de brigada, por encima tienen la tercera división, el comandante del Ejército y el Ministro de la Defensa, que es el general Padrino. Por el lado operativo, tienen el Área de Defensa Integral (ADI) Miranda, la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), que controla las operaciones militares que se den en el estado; también está la Región Estratégica de Desarrollo Integral (REDI), que abarca Caracas, Miranda y Vargas; por encima de todos ellos está el Comando Estratégico Operacional (CEO), que es conducido también por el ministro Padrino López”, detalló.
En ese sentido, apuntó que las fallas cometidas comenzaron desde la primera línea administrativa (32 de Brigada) por no alertar al oficial de inteligencia, hasta llegar a la comandancia del ejército, quien debió informar a la Inspectoría General y el Ministerio de la Defensa a la Inspectoría de la FAN.
En cuanto al mando operativo, se debieron activar los estados mayores, por lo cual, a juicio de Campo y citando el Código Orgánico Penal Militar, se estaría en presencia de graves delitos que no pueden pasar desapercibidos; aprovechó la ocasión para sugerir la creación de un Consejo de Guerra que ofrezca respuesta frente a la negligencia a la que fueron sometidos los familiares.
Testimonios
“Devuélvanme a mi hermano”. Así se expresó Zulay Hernández, a quien intentaron obligar para que reconociera el cuerpo de su pariente en la Morgue; contó que este domingo le tomaron muestra de sangre para compararla con los cuerpos que allí yacen, no obstante, aún sin los resultados continúan presionando para que cualquier integrante de su núcleo familiar admita que se trata del cadáver de Freddy Hernández.
“Yo estoy segura que mi hermano no está allí, nadie como yo para identificarlo. Yo pido que por favor lo busquen y me lo consigan porque él no está en la morgue, aunque quieran hacerme ver que sí. No cierren el caso”, sentenció.
Aclaró que su hermano es “un muchacho sano”, sin ningún antecedente, ni fue detenido in fraganti. Es importante destacar que en el sector El Café, según relata Hernández, las autoridades “siempre” se han llevado a los jóvenes para “radiarlos”, pero nunca la situación había llegado al extremo de la desaparición.
José Enrique Uzcátegui, tío político de uno de los fallecidos, Héctor Rodríguez, narró que les hicieron firmar unas declaraciones sin haberlas leído previamente, para que cumplieran una labor social que en realidad era trabajo forzoso.
“A mi sobrino lo vieron cortando monte y cuando se paraban, los militares lo golpeaban por el cuello para que siguiera trabajando y sin mirar para los lados.
Si los familiares les pasábamos comida, los soldados se la comían”, expresó.
Los parientes aseguraron que a partir de este hecho sentirán miedo por la presencia de estos efectivos en sus comunidades, cuyo propósito principal debería ser el resguardo de los ciudadanos y de la soberanía, en el caso puntual de la Fuerza Armada Nacional.
