En opinión del abogado y criminólogo Luis Izquiel, el Gobierno “miente completamente” cuando dice que la llamada “masacre de Barlovento” es un hecho aislado, ya que, en su opinión, los efectivos militares que actuaron en ese hecho lo hicieron gracias a la “licencia para matar” que se les dio a través de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP).
“El Gobierno miente completamente cuando dice que se trata de un hecho aislado. El Gobierno le dio a los efectivos de las Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos policiales licencia para matar a través de las OLP”, aseguró Izquiel en declaraciones a Prensa Unidad Venezuela.
“Esto no se resuelve con un comunicado del Ministerio de la Defensa presentando disculpas a las víctimas y a sus familiares”, dijo Izquiel en relación con la muerte de al menos 12 personas presuntamente a manos de 11 efectivos del Ejército, hecho que conmocionó a la opinión pública nacional el pasado fin de semana, cuando los cuerpos fueron hallados en una fosa común en una zona montañosa de Barlovento.
“Aquí tiene que haber no solo determinación de los responsables materiales de los hechos, sino también de los responsables intelectuales. A mi entender, el ministro de la Defensa debería renunciar y también el comandante general del Ejército, porque no se trata de un hecho aislado. Ellos actuaron siguiendo instrucciones que tienen en el marco de estas OLP, por la licencia para matar que les ha otorgado el Gobierno”, insistió.
Las muertes habrían ocurrido entre el 15 y 16 de octubre pasado, a solo diez días de que el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, anunciara el inicio de una nueva fase de la OLP en los estados Miranda, Zulia, Aragua, Lara, Monagas y el Distrito Capital.
Izquiel señaló que de acuerdo a cifras del Ministerio Público, en 2015 hubo 245 personas muertas en los operativos de las OLP, política implementada por el Gobierno de Nicolás Maduro a partir del 13 de julio de 2015. “Ese número de fallecidos en el marco de estos operativos se registró solo en la segunda mitad del año pasado”, comentó.
“Este año las cifras deben ser muy superiores. Si las extrapolamos las de 2015 hacia 2016, pudiera ser que el número ronde las 500 víctimas al cierre de este año. Pero es muy probable que la cifra sea mayor porque esos operativos se han aplicado con mayor intensidad este año”, aseguró.
Acciones propias de regímenes dictatoriales
Asimismo, el experto aseguró que la OLP no ha resuelto el problema de la inseguridad en el país. “De acuerdo a cifras del Observatorio Venezolano de la Violencia, en 2015 se registraron casi 28 mil homicidios en el país, y la proyección para 2016 indica que el numero será de 30 mil”, dijo.
“Para para lo único que ha servido esta política es para la violación de los derechos humanos y no solo con las ejecuciones extrajudiciales, que es lo más grave. También hay denuncias de detenciones ilegales, de destrucción de viviendas – como ocurrió en La Ensenada, en la carretera Panamericana; y en el barrio Brisas del Hipódromo, en Valencia; donde tumbaron decenas de casas y dejaron sin hogar a las personas. Hay denuncias hasta de robo de alimentos”, señaló.
“Con estas OLP sencillamente se ha dado la criminalización de la pobreza. Las fuerzas armadas y las policías entran a los sectores populares y a discreción, ellos deciden a quién matan y a quién no, según ellos crean si esa persona está o no involucrada en algún hecho delictivo; sin una orden de detención, sin el debido proceso, sin pruebas, sin nada. Y esa licencia se las dio este Gobierno. Entonces, que ahora no se vengan a hacerse los locos, lavándose las manos con un comunicado y diciendo que este es un hecho aislado”, reiteró.
A una pregunta de Prensa Unidad Venezuela, Izquiel refirió que hechos como estos se dan en regímenes autoritarios, como ocurrió en la década de los setenta en los países del Sur de América Latina durante las dictaduras militares. “Hay similitudes en cuanto al procedimiento, porque se trata de ejecuciones extrajudiciales y atropellos a los Derechos Humanos, pero los fines quizá sean distintos. En las dictaduras del Cono Sur se perseguía a quienes luchaban contra la dictadura. Acá, al menos en el contexto de las OLP, pareciera que de lo que se trata es de criminalizar la pobreza”, opinó.
