Contrario al axioma de que árbol que nace torcido nunca sus ramas endereza, el Dr. Simón José Saavedra Hernández, durante su ejercicio como gobernador de Yaracuy en el primer período presidencial de Rafael Caldera, se enorgullece hoy de que muchos de los delincuentes que se encontraban en el Internado Judicial de San Felipe, hoy son prósperos empresarios del campo, gracias al trabajo que llevaron a cabo en lugar de estar encerrados, estorbándose unos con otros, mirando al techo sin hacer nada y perdiendo el tiempo en un voraz ocio.
En entrevista para EL IMPULSO, este profesional del Derecho se muestra disconforme con las políticas carcelarias que han venido implantando los ministros de Justicia de anteriores gobiernos y la actual ministra Iris Varela, ya que en lugar de reinsertar a los antisociales a la vida decente, estos se han convertido en los más peligrosos sujetos del mundo hamponil, no solamente por la violencia que generan dentro de los penales, sino que desde estos lugares de reclusión operan a sus anchas, dirigen bandas que extorsionan, roban y asesinan a cualquier ser humano, además de ejercer dominio sobre las autoridades y los propios tribunales.
Lo que sucede es que el régimen no respeta la dignidad de las personas, ni busca el camino de la redención o reinserción social de estos individuos, dice. Los utilizan en manipulación política para sus fines mezquinos y, en cierta forma, arbitrarios y violentos que no le permiten encontrar los cambios de hábitos que por los delitos cometidos pueden perdonarse ellos y transformar sus existencias, en servicio de integridad familiar.
-¿En qué consistió su proyecto?
-Cuando llegué a la gobernación puse en práctica el proyecto “Nuevo Yaracuy”, que tenía como finalidad establecer una coordinación entre las distintas dependencias nacionales y regionales, para lograr el mejoramiento social de los yaracuyanos. En este sentido, se promovió un centro de actividad con colaboración del sector privado en objetivos determinados por la prioridad de servicios y eficiencia para resolver los problemas de mayor urgencia. Particularmente se buscó resolver de la mejor manera posible el problema de la seguridad personal, sobre todo por los homicidios cometidos como consecuencia del consumo de alcohol. No existía la delincuencia tan extendida como ahora, que incluso está asolando el campo yaracuyano, donde se ha perdido la tranquilidad.
-¿Qué motivó darle atención a los presos?
-En todas partes del país se ha tenido el concepto de que preso es preso y el apellido es candado. En aquella ocasión llegaron a San Felipe, para dar inicio el Centro Experimental Industrial para la Exportación (CIEPE), 80 especialistas extranjeros de distintas áreas, entre los cuales figuraban programadores, analistas de sistemas y sociólogos. De ellos sustraje un grupo e incluí a venezolanos conocedores de la problemática criminalística para que hicieran el diagnóstico sobre el problema penitenciario venezolano. Su respuesta fue sumamente corta: los presos en Venezuela parecen estar en una galera de esclavos en un país colonialista.
-¿Esta situación no es la que se mantiene actualmente?
-Sí. Prueba de ello son las protestas de los reclusos por falta de alimentos, medicinas y atención al hacinamiento en que se encuentran. Esta situación infrahumana ha sido divulgada profusamente por los medios de comunicación del exterior, como se ha visto últimamente en los despachos informativos de The New York Times y otros diarios. Esa situación de entonces, que no era tan extrema como la de ahora, me llamó poderosamente la atención y entonces pregunté cuál era la solución a la comisión técnica nombrada para estudiar el caso.
-¿Cuál fue esa solución?
-En aquella ocasión existía un gran hacinamiento de presos en el Internado de San Felipe, cuya capacidad era para 260 reclusos y había más de mil. Se fue haciendo una clasificación en base a los antecedentes de cada uno de ellos. De allí que se hizo una selección de los delincuentes con las máximas penas; pero, antes habían tenido experiencia agrícola. Se les construyó un área especial en esa cárcel y ellos mismos le pusieron el nombre a su grupo: Internos Bien Organizados Avanzan (Iboa). Conseguimos una granja abandonada en San Pablo, a una distancia de 19 kilómetros de San Felipe, para que se dedicaran a las actividades agrícolas y a la vez recibieran formación cívica, las entrevistas personales de evaluación y otras actividades motivadoras para hacerlos sentir útiles y formarles conciencia de que su buen comportamiento era una trayectoria para conseguir solución a su problema y sirvieran de ejemplo a los demás. El problema más serio que tuvimos fue con la Guardia Nacional que objetó este programa, porque consideraba que los presos se iban a escapar como perdices cuando llegaran al campo. Un autobús llevaba a los presos y tres autobuses iban repletos de guardias y policías para custodiar los contornos. Al final de la primera semana se dieron cuenta que los presos correspondían al compromiso y se suspendió la vigilancia. Hoy en día, muchos de esos que fueron delincuentes son exitosos empresarios del campo en varios estados, especialmente Apure, Barinas, Cojedes, Yaracuy y Zulia.
Sin costo alguno
Refiere el Dr. Saavedra Hernández que el programa Iboa no le costó un céntimo a la gobernación del Yaracuy, ni al Gobierno nacional, porque se desarrolló de la siguiente forma:
1) La finca de San Pablo fue donada por el Ministerio de Educación. A esta propiedad se le sumaron 40 hectáreas donadas por el Instituto Agrario Nacional (IAN). Y nueve más que aportó el Instituto Nacional de Capacitación Educativa (INCE).
2) El crédito para operar estas tierras fue otorgado por el Banco Agrícola y Pecuario (BAP). Se canceló con la producción obtenida con el trabajo de los presos.
3) Una vez que concluía cada ciclo se les hacía una evaluación a cada preso, lo que les permitió que recibieran el indulto.
4) En base a su desempeño, cada preso recibió una parcela de tierra por parte del IAN, que oscilaba entre 40 y 80 hectáreas en cualquier parte del país, a donde debía trasladarse el beneficiario. Este recibía además el crédito por el BAP y asistencia técnica por el Ministerio de Agricultura y Cría.
5) La experiencia fue evaluada por la Universidad Simón Bolívar, Dirección de Prisiones y otros organismos que tenía relación con la problemática carcelaria.
Propuesta engavetada
Lamenta el Dr. Simón Saavedra Hernández que el programa Iboa, que tanto éxito alcanzó en corto tiempo y cuyos protagonistas no reincidieron y hoy son empresarios del campo en diferentes partes del país, no haya tenido la acogida por parte del Estado venezolano.
Los técnicos de la UCAB, de la Dirección de Prisiones y otros organismos, elaboraron un documento que fue presentado al Consejo de la Judicatura y a la Comisión para la Reforma del Estado (Copre), a fin de que el estudio fuera llevado a Cordiplan, para que este organismo lo estableciera como programa definitivo para la solución al problema penitenciario. Pero, inexplicablemente, fue engavetado y la idea llegó hasta ese despacho.
Hoy día la situación penitenciaria se ha agravado porque existen figuras extremadamente peligrosas como los pranes, que llevan una vida de ricos en las cárceles, tienen guardaespaldas y armas de alto calibre. Poseen el control de cada penal. El Gobierno ha establecido una política errada de justicia a través de los juicios cayapas, que controlan los propios delincuentes. No se ha construido más edificaciones carcelarias y cada vez hay más motines.
