Algunos juristas creen que la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas (2011) sobreproteje a los arrendatarios, más aún cuando se trata de inmuebles residenciales.
En este sentido, una sentencia de la Sala Constitucional del TSJ del 2015, prohibió los desajolos forzosos hasta que los inquilinos sean reubicados. Para obtener una orden de desalojo deben agotarse una serie de procedimientos administrativos en Sunavi y luego acudir a la vía judicial.
Sin embargo, aparentemente sin cumplir los requisitos legales, la tarde de este viernes Dayana Figueroa con sus dos morochos de un añito, la señora Mirna Sosa y un hijo de Sosa, fueron expulsados del apartamento 3C de las Roca Amazonas, en la urbanización Patarata por funcionarios de la Guardia Nacional quienes, cumpliendo órdenes de la dueña del alojamiento, irrumpieron a la vivienda y sacaron las pertenencias de la familia. Sosa dijo que, el 1º de agosto del 2006, firmó un contrato de arrendamiento con una tal Nelly Judith López de Urbuna, quien sería la propietaria del apartamento.
Este aún estaría en vigencia y denunció que los propietaros se aprovecharon de tener un contacto en el Destacamento 121 de la GNB.
No obstante, familiares de la dueña del apartamento, quienes no quisieron identificarse, aseguraron que desde hace unos días ofrecieron pagar mudanza, conciliar y reubicar a la familia pero esta no aceptó, pues pretendrían adueñarse del inmueble.
Estas personas hicieron presencia con cinco motorizados de la GNB en el estacionamiento del edificio. Se espera la actuación de un fiscal del Ministerio Público para que analice el caso.
