El juicio por narcotráfico de Efraín Antonio Campos Flores y su primo Franqui Francisco Flores De Freitas en una Corte Federal de la ciudad de Nueva York, y su condena por parte de un jurado, al demostrarse los alegatos de la fiscalía de que conspiraron para llevar a ese país ochocientos kilogramos de cocaína, así como para manufacturar y distribuir cocaína a suelo estadounidense, ha permitido conocer detalles significativos y gravísimos que ameritan investigación y esclarecimiento pleno, junto al establecimiento de responsabilidades y sus correspondientes sanciones en Venezuela. El daño que hace a nuestro país el que estos hechos los dejáramos pasar como si no fueran de nuestra incumbencia, puede ser enorme.
El hecho de que los dos jóvenes sean sobrinos de la Primera Combatiente, como prefiere llamar el lenguaje oficial a la esposa del Presidente, es escandaloso, pero no es lo que más me importa como ciudadano de este país, porque a lo largo del proceso, como resultado de las investigaciones y a consecuencia de las declaraciones de Campos Flores y Flores De Freitas, se hicieron revelaciones que ponen en entredicho el funcionamiento mismo del Estado venezolano, y dejan ver un tejido de complicidades elaborado por personas en razón de su posición e influencia.
La conclusión es muy sencilla. Si se investiga, determina y castiga a los responsables, la fétida trama quedará como un hecho vergonzoso más, de esos que la corruptora industria de la droga es capaz de producir aquí y en cualquier país. Si persiste el silencio oficial y los órganos del Poder Público venezolano no dicen esta boca es mía, como si todo lo que se sabe nada tuviera qué ver con este país, porque se trata de hechos distintos y distantes, la sombra de la sospecha quedará como una mancha sobre la reputación nacional, con impacto previsible en nuestras vidas. La sentencia a los sobrinos acabará siendo una sentencia a Venezuela. Y no es justo que casi treinta millones paguen por lo que hicieron o permitieron hacer unos cuantos enchufados.
Del porte indebido de pasaportes diplomáticos al uso nada menos que de la rampa 4 de Maiquetía, exclusiva para aviones oficiales, la de los vuelos presidenciales, lo conocido gracias al proceso penal nuevayorquino es demasiado grueso para este “hacerse el loco” que se impone como línea oficial. ¿No tenemos derecho los venezolanos a un comunicado de Miraflores? Ese silencio es ominoso. Cancillería, cuya parlanchina portavoz habla de todo todos los días, ¿no se siente acaso en el deber de explicar? Y el Ministerio Público ¿qué está haciendo para cumplir con las tareas que le asigna el artículo 285, numerales 3 y 5 de la Constitución? Porque obviamente debería haber una investigación penal y unas eventuales responsabilidades penales por parte de “funcionarios o funcionarias del sector público, con motivo del ejercicio de sus funciones”. Y en cuanto al uso de bienes públicos ¿qué dice la Contraloría?
¿No sienten vergüenza? ¿O es que acaso el miedo es más poderoso que la vergüenza?
El proceso judicial celebrado en Nueva York a dos venezolanos que fueron descubiertos en una operación delictiva compleja para meter cocaína en Estados Unidos, usando su posición y su influencia en el aparato público nacional, según ellos mismos dijeron, tiene implicaciones venezolanas imposibles de ignorar.
