La libertad de expresión es un derecho fundamental para todos los habitantes de este mundo. Este término está consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, así como en las constituciones de los países que tienen un sistema democrático (presente en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).
Democracia, a su vez, deriva de las palabras griegas demos (que puede traducirse como “pueblo”) y krátos (en español, “poder”), es decir: El poder del pueblo. Concepto que reafirma el Diccionario de la Real Academia Española en una de sus definiciones: “Forma de sociedad que practica la igualdad de derechos individuales, con independencia de etnias, sexos, credos religiosos”.
De ambos términos subyacen otros, como la libertad de prensa, el derecho a informar y estar informado, todos ellos consagrados en las leyes del ejercicio del periodismo y en los códigos deontológicos de diferentes países. Así, un derecho se relaciona con otro para garantizarle una vida libre y segura a cualquier individuo.
El monitoreo de estos derechos es fundamental para certificar que cada nación (representada por un Gobierno o Estado) cumpla a cabalidad con estos principios democráticos. Diferentes ONG, asociaciones civilizaciones y medios de comunicación son parte de quienes tienen la tarea de denunciar ante la población cualquier situación irregular y, de esta manera, también la comunidad internacional puede tomar cartas en el asunto (sin afectar la soberanía de la nación, claro está) en pro de que las naciones se comprometan a respetar los derechos fundamentales de cada persona.
Ataques a la prensa
“Entre enero y septiembre de 2016 se registraron 247 violaciones a la libertad de expresión, lo que representa un incremento del 27,97% respecto al mismo período del año 2015, cuando se contaron 193. El total de casos/situaciones fue de 181, un 8,43% mayor que los primeros nueve meses del año pasado. La tendencia de impedimento hostil de la cobertura durante movilizaciones de calle se mantiene desde inicios de año”, revela un informe de la asociación civil sin fines de lucro Espacio Público.
En este sentido, el director ejecutivo de Espacio Público, Carlos Correa, declaró que una de las características destacables este año ha sido el incremento en los ataques y restricciones a reporteros internacionales (unos 14 casos aproximadamente), también las limitaciones para la cobertura de temas vinculados con la economía (como la escasez y la inflación), la permanencia del patrón de descalificación contra los periodistas a través de los medios de comunicación, la violencia contra el periodista que queda impune, la aplicación de procesos judiciales contrarios a los estándares internacionales y la manera como los poderes actúan para restringir la libertad de expresión, conforme a lo expresado por el director ejecutivo de esta asociación.
“En un evento pueden registrarse varias violaciones. La intimidación: sacar a los reporteros, pedir permisos, borrar información (…) ese es el patrón que más se repitió en 90 denuncias (…) y más del 50% los periodistas los más atacados. Hay políticas de Estado que se orientan a restringir la libertad de expresión en el país, es decir, toda opinión crítica, visión distinta, todo aquel que informe sobre determinado tema que sea sensible al poder político puede ser víctima de una restricción”, apuntó Correa. Además, calificó la política en Venezuela como “hostil”, pues procura atacar, molestar, incomodar a quien quiera expresarse libremente.
Recomendaciones externas
En el marco del Examen Periódico Universal a Venezuela realizado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, alrededor de 103 países (33 miembros más que en el examen realizado en el 2011) se apuntaron para asistir a la sesión donde darían sus recomendaciones en un minuto. Uno de los tópicos fue la libertad de expresión. Uruguay instó a que le permitan a los periodistas poder hacer su trabajo. Costa Rica abogó por el derecho a la información. Países Bajos pidió el cese de la represión contra las voces disidentes. Dinamarca exhortó a mejorar los mecanismos de reducción de cuenta, entre otras naciones que se mostraron preocupadas por esta materia en nuestro país.
Por parte del director ejecutivo de Espacio Público, expresó que en otras ocasiones, muchos países hicieron recomendaciones que el Gobierno ignoró. No obstante, pidió que esta vez las acepte, sobre todo la sugerencia sobre el acceso a la información pública, pues solo son tres países en la región (Bolivia, Cuba y Venezuela) no tienen una ley relacionada con esta área.
En este sentido, Mariengracia Chirinos -miembro del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)- afirmó que es urgente que se asuma el tema de libertad de expresión, por dos razones: fue el punto en común de varios miembros de la comunidad internacional y es un mecanismo para exigir otros derechos humanos.
El papel, un nuevo obstáculo
Un nuevo obstáculo para los trabajadores de la prensa es la adquisición de papel. El diario La Nación del estado Táchira, es la prueba más reciente de esta crisis que ha estado presente en los últimos meses en nuestro país.
“Solo tenemos hasta el lunes (21 de noviembre). Esperamos no dejar de circular ni un día”, aseveró Omaira Labrador, directora del diario que cuenta con 47 años desde que salió la primera edición del periódico tachirense.
En un comunicado más reciente, explicaron que después de la espera y zozobra, la Corporación Editorial Alfredo Maneiro, el monopolio nacional responsable de vender el papel para los periódicos de Venezuela, envió la cotización para la compra de algunas bobinas de papel. Es imperativo decir que La Nación es el único diario de Táchira, un estado fronterizo, estratégico y con un número importante de protestas en los últimos años, además, son 120 puestos de trabajos directos que se verán afectados por un cese en la impresión del periódico.
Diarios como El Carabobeño y La Mañana son los más afectados por esta crisis de papel a pesar de ser los periódicos regionales líderes en sus respectivos estados (Carabobo y Falcón, respectivamente). Luis Borrero, periodista de El Carabobeño, comentó que la última edición diaria del periódico fue el 17 de marzo de 2016, esto afectó a más de 460 trabajadores (de los cuales, ahora quedan menos de 120) que laboran para la versión web. Desde septiembre circula solo los viernes, en una versión impresa que logran publicar gracias a la adquisición de papel con precios del mercado paralelo, es decir, a costos muy elevados. El periodista de este diario, que cuenta con 83 años de fundado, especificó que en noviembre de 2014 compraron 150 bobinas de papel, de las 300 que requiere mensualmente. En enero de 2015 pudieron adquirir 44 bobinas, en febrero 48 y en marzo 42. Esa fue su última compra en el Complejo Editorial Alfredo Maneiro.
Borrero aseguró que El Carabobeño “se las ingenió” para poder imprimir sus ediciones con papel de sus suplementos (como el industrial, médico e infantil) e incluso su revista Paréntesis. La diagramación fue otra para poder usar las medidas que les permitieran ahorrar espacios, además pasó de ser un periódico estándar a uno tabloide con tan solo dos cuerpos (de los cuatro con los que contó desde sus inicios).
La Mañana, por su parte, duró siete meses sin poder estar en las manos de los falconianos. Una tradición que tiene más de 64 años y que se vio interrumpida por la falta papel. Luz Marina Camargo, jefa de información del diario, alegó que La Mañana recibió una cantidad limitado del Complejo Editorial Alfredo Maneiro, por lo que se vieron obligados a declarar un cierre técnico por una larga temporada. En estos momentos, el diario está de nuevo en las calles por las gestiones del Atilio Yanez, presidente de la empresa. Sin embargo, La Mañana no es la misma de hace aproximadamente un año, cuando contaba con 48 páginas. De 100 trabajadores, ahora queda la mitad de ellos y, a pesar de conservar su cobertura en el territorio falconiano, el número de impresiones es menor. “Estamos comenzando desde cero, es muy triste y frustrante para los profesionales que queremos trabajar”, apuntó Camargo.
En un reportaje llamado El papel prensa llega a las redes de los “bachaqueros”, realizado por la periodista Maruja Dagnino con reportería de Karla Sánchez, David Matos y Génesis Obaya, puede leerse: “Entre agosto de 2013 y enero de 2016, al menos 12 medios impresos dejaron de circular temporalmente en Venezuela y 41 denunciaron tener problemas de papel, según el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela. Durante 2015 se registraron 28 alertas vinculadas a obstáculos para la adquisición de papel y planchas fotográficas para la impresión.”
Aunque la era digital parece una solución preventiva para la prensa impresa, un informe de Freedom House, publicado por IPYS, expresó que en Venezuela la brecha digital entre las comunidades urbanas y rurales es cada vez más grande, el número de suscriptores aumentó, pero la velocidad del internet se estancó y varias empresas dejaron de prestar diferentes servicios relacionados con la telecomunicación. Esto aunado a ataques por parte de grupos progobierno en contra de periodistas que cubrían las protestas y entrevistaban a las personas que hacían filas para comprar alimentos, aparte de los enjuiciamientos y detenciones por publicaciones que, a juicio de los organismos del Estado, incitaban “a la violencia”.
Desde cualquier perspectiva, los medios de comunicación en Venezuela presentan grandes dificultades, no obstante, la ciudadanía es la mayor garante de sus derechos, pues poder expresarse en cualquier parte del mundo no se trata un favor, es una libertad innegociable, irrenunciable y que no admite mordazas
