Persiste el desespero entre los antiguos trabajadores de Urbaser, empresa que a lo largo de 22 años se dedicó a la recolección de desechos en algunas zonas de la ciudad, la cual fue liquidada el 30 de agosto y como consecuencia quedaron más de 187 obreros desempleados.
En la mañana de ayer, los afectados continuaron las mesas de diálogo en las instalaciones de la Inspectoría del Trabajo en donde dieron a conocer su desconocimiento y preocupación acerca de la pérdida de sus puestos de trabajo.
El delegado del Sindicato, Wilder Requena, relató que según Miguel Rojas, presidente de Imaubar, la empresa Fospuca absorbería a los empleados de Urbaser, pero hasta la fecha no han obtenido respuesta.
“No queremos más mentiras, necesitamos saber qué va a pasar con nosotros y qué sucederá con los reenganches. Ya la demanda está en el Ministerio de Trabajo y no nos han dado solución, lo mismo sucede con el alcalde Alfredo Ramos y Miguel Rojas”, expresó Requena.
Igualmente aseguró que dentro de la Inspectoría se encontraban los expedientes firmados pero por los momentos el síndico no había emitido ningún tipo de sentencia. Ante eso, esperarán hasta el día lunes o martes para obtener algún veredicto y de no ser así ejercerán acciones de calle y tomarán las instalaciones de la Inspectoría.
“En la gestión bonita del alcalde echaron para afuera a nuestra empresa para meter a Fospuca, el elefante blanco de la alcaldía. Seguiremos en las calles hasta que nos garanticen nuestros puestos de trabajo”, vociferó Requena.
El 15 de agosto este grupo de trabajadores cobró por última vez su salario. La consecuencia más grave de aquello no fueron los 187 desempleados sino las 187 familias que quedaron sin sustento. Requena relata que debe hacerse cargo de sus cinco hijos y una madre enferma pero tan solo ha logrado “matar tigritos” con trabajos que le aportan como máximo 1.500 o 2.000 bolívares. “Nadie se ocupa de nuestras necesidades, ni políticos chavistas u opositores, todos son iguales”, reiteró.
Igualmente a las instalaciones de la Inspectoría se dirigieron un grupo de 58 empleados que fueron despedidos injustamente del Instituto Autónomo del Servicio Público del Municipio Palavecino, quienes exigían a los entes gubernamentales que se ocuparan de las víctimas de atropellos y despidos injustificados por parte de la cooperativa.
