La justicia venezolana pidió al Parlamento que excluya formalmente a tres diputados cuya elección fue suspendida por denuncias de fraude del chavismo, para superar su situación de “desacato”.
En una sentencia difundida este miércoles, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) exhortó al Legislativo a “realizar el acto parlamentario formal” para retirar a Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana.
Los tres políticos solicitaron ser separados de sus curules el pasado 15 de noviembre, pero la Sala Constitucional del TSJ sostuvo que la petición “no ha sido aprobada o rechazada” por el Parlamento.
La exclusión de los asambleístas fue pactada en una mesa de diálogo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición, que busca resolver la crisis política y económica, con el acompañamiento del Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
Este miércoles, Maduro exigió a la oposición cumplir las sentencias del TSJ como parte de las negociaciones.
Los representantes del estado Amazonas (sur) fueron juramentados en julio, casi ocho meses después de las elecciones, a pesar de un fallo judicial que suspendió los comicios en esa región. A raíz de ello, el TSJ declaró en “desacato” al Legislativo y consideró nulas todas sus actuaciones.
La bancada de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) considera que los parlamentarios quedaron “automáticamente fuera” luego de pedir su retiro, según dijo a la AFP la legisladora Gaby Arellano.
En su momento el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, se dio por notificado, pero no precisó si la petición de los diputados había sido aceptada.
El fallo del TSJ reiteró que todos los actos parlamentarios que contaron con participación de los legisladores suspendidos están “viciados de nulidad”.
Por ello, la sentencia resaltó que, “aun cuando cesare el referido desacato”, la Asamblea deberá “reiniciar, de ser el caso, los procesos de formación de los actos que formen parte del ejercicio de sus atribuciones constitucionales”.
La MUD esperaba que el gesto sirviera para que el TSJ levantara la declaratoria de desacato y devolviera sus facultades al Parlamento para avanzar, entre otras cosas, hacia la elección de dos nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).
