Con menos entusiasmo y más pragmatismo, el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmarán este jueves en Bogotá su segundo acuerdo de paz, que luego quedará en manos del Congreso y con la oposición en contra.
Casi dos meses después del fracaso del plebiscito del 2 de octubre, cuando la ciudadanía dio portazo a un texto firmado por todo lo alto días antes en Cartagena de Indias en presencia de una docena de jefes de Estado y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, las partes pondrán fin a negociaciones de cuatro años en un importante teatro de la capital, con una programación escueta y protestas previstas en la calle.
El nuevo acuerdo introduce cambios solicitados por los defensores del «No», pero no los suficientes, sostiene la oposición encabezada por el expresidente Álvaro Uribe. Ellos opinan que es necesario hacer un nuevo referéndum, algo que rechazan tanto el gobierno como las FARC, que manifestaron su premura. «Tenemos que actuar. No hay tiempo que perder», zanjó el presidente Juan Manuel Santos dos días antes de anunciar la fecha y el lugar de la firma.
Precisamente por su empeño en terminar más de medio siglo de conflicto armado, Santos recibirá el premio Nobel de la Paz el 10 de diciembre, noticia que recibió pocos días después del fracaso del plebiscito.
El acuerdo, un documento con 310 páginas y medio centenar de modificaciones, prevé que la guerrilla entregue en los próximos seis meses un inventario de sus bienes y activos para resarcir a las víctimas. El nuevo texto también detalla las condiciones de la restricción de libertad para los responsables de los crímenes de un conflicto de más de medio siglo, pero no sacia las principales exigencias de la oposición.
Demandas como penas de cárcel para quienes cometieron delitos graves y limitación de la participación política de los rebeldes no fueron atendidas en los 40 días que se extendió la nueva negociación. Como gesto de protesta, los opositores han lanzado propuestas como no acudir a la votación parlamentaria para dar validez a los acuerdos —prevista para el martes— o solicitar la revocación del Congreso que «no representa» a los colombianos. También amenazan con protestas ciudadanas.
Uribe, más allá de expresar su rechazo y exigir un nuevo plebiscito, no ha manifestado una hoja de ruta clara.
Con esta oposición, llevar los acuerdos al terreno será aún más difícil. Sobre todo con 70 líderes campesinos y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va de año, principalmente a manos de grupos paramilitares y opositores al proceso. Son más de los 63 que la ONG Somos Defensores registró en todo 2015.
Cuando el acuerdo quede refrendado en el Congreso, previsiblemente sin riesgo de rechazo, empezará en la misma cámara su implementación.
El primer debate programado será sobre la amnistía de los presos de las FARC, para que puedan salir de las cárceles y trasladarse hasta las más de 20 zonas rurales supervisadas por la ONU, donde el resto de la guerrilla, unos 8.000 individuos, se desarmarán en un plazo de seis meses.
El acuerdo de paz con las FARC, la guerrilla activa más antigua del continente, no bastará para poner fin a la violencia en Colombia. En el país también opera el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que aún no logra arrancar una negociación de paz con el gobierno, y otras bandas criminales.
