Solicitar un antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para que se inicie las averiguaciones pertinentes ante la Fiscalía General de la Republica, sobre su presunta complicidad en caso de los narcosobrinos, acordó Américo de Grazia dirigente nacional del partido Causa R en una rueda de prensa ofrecida este miércoles en Caracas.
Exigió a la fiscal Luisa Ortega Díaz, que de inicio a las investigaciones sobre el presidente Nicolás Maduro, conforme al derecho constitucional en la presunta colaboración del caso, al utilizar la rampa presidencial donde habría salido el avión con el cargamento de droga junto a los sobrinos del presidente.
Explicó que se debe clarificar el uso de los aviones vinculados al régimen, por contratos públicos con el uso de bienes del Estado utilizados también por oficiales de la Fuerza Armada Nacional (FAN).
Señaló que por “notitia criminis” la Fiscalía debe abrir una investigación, acción que contribuiría con las decisiones que tome la Comisión Especial, nombrada este martes en la Asamblea Nacional, para que se le imprima celeridad en el esclarecimiento de los hechos.
“El crimen organizado se ha convertido en una política de Estado desde la Presidencia de la República utilizando todos los instrumentos e instituciones que tienen a mano, lo que consideramos es muy grave y se evidencia con la detención y enjuiciamiento de Efraín Campos Flores y Franqui Francisco Flores”, expresó.
El también diputado de la Asamblea Nacional, indicó que luego de conocerse los pormenores de ese hecho, surgen interrogantes, “¿Estos jóvenes venezolanos tienen pasaporte diplomático? ¿Se utilizó o no al contratista Wilmer Ruperti para financiar la defensa de los sobrinos de Cilia Flores? Siendo éste uno de los más importantes contratistas de Pdvsa”, acotó.
Además De Grazia criticó que los argumentos desde el oficialismo se han enarbolado para tratar de defender el caso, con alusiones sobre la siembra de los 800 kilos de droga y el supuesto secuestro de los sobrinos por parte del gobierno de Estados Unidos.
Finalmente el parlamentario exhortó a la justicia venezolana que se establezca un precedente, para que sirva de lección a aquellos que han utilizado la estructura del Estado para el narcotráfico o el delito convertido en una forma de presión social.
