Así lo manifestó el diputado de la Asamblea Nacional por la Causa R, José Prat, quien entregó un documento a la Mesa de la Unidad Democrática y la Nunciatura Apostólica, con el fin de que el tema sea abordado a la brevedad posible.
En el documento suscrito por la tolda política se destaca la gravedad del caso por la violación de Derechos Humanos, como lo son la libertad de pensamiento y el derecho al trabajo.
Indican que del mismo modo, se vieron vulnerados derechos civiles y constitucionales de mujeres y hombres que por manifestar posiciones políticas distintas a las del gobierno fueron despedidos de sus puestos de trabajo en algunos casos sin justificación escrita o de forma intempestiva, “así como también justificando la medida con supuestos argumentos legales que carecen de base y sustento”.
Prat destaca la importancia de que en la mesa de DDHH se acuerde la reincorporación de estos trabajadores a sus puestos de trabajo.
Asimismo, recuerda que presidentes de empresas como Sidor y Corpoelec, y diputados a la Asamblea Nacional, como Diosdado Cabello, defendieron la arbitraria medida de despedirlos por razones políticas.
Precisó que en el estado Bolívar fueron denunciados aproximadamente 30 casos, mientras que en el ámbito nacional se manejan al menos 200 denuncias de despedidos por firmar por el referendo revocatorio, los cuales fueron recibidos por la diputada Delsa Solórzano.
