Profesionales del Derecho de nuestra región coinciden en afirmar y denunciar, ante la opinión pública, que los integrantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia violan descaradamente la Constitución con su última decisión tomada en base a un pliego de peticiones consignada por el procurador general de la República, Reinaldo Muñoz, para impedir que voceros de la Asamblea Nacional ejerzan actuaciones sobre los demás poderes públicos, convoquen a manifestaciones y éstas sean transmitidas o retransmitidas en diferido por los canales de televisión, así como otras actuaciones que pudieran llevar a cabo en las inmediaciones de las sede del Ejecutivo, Judicial y otros organismos declarados zonas de seguridad.
Decisión descabellada
El Dr. Joel Rodríguez Ramos manifestó que todo el contenido de la decisión de la Sala Constitucional es contrario a las disposiciones contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En ella se garantiza la realización de manifestaciones públicas en todo el territorio nacional, siempre que sean pacíficas y nadie porte armas. No pueden ser impedidas por ningún tribunal, ni siquiera en momentos en que el país se encuentre bajo estado de excepción.
Por otra parte, una medida prohibitiva de esa naturaleza obstaculiza los pasos que se han venido dando en el encuentro entre representantes del Gobierno y la oposición, para llegar a entendimiento que permitan ir resolviendo la crisis política, económica y social del país.
Y ha ocurrido después de las demás decisiones que fueron tomadas el fin de semana en relación al respeto que se merece constitucionalmente la Asamblea Nacional y, además, se le impide desarrollar sus facultades de control que, según el texto constitucional, tiene sobre el resto de los poderes públicos.
Me sorprende y disgusta que esa decisión del Tribunal Supremo de Justicia se haya producido después que los mediadores de El Vaticano, ex jefes de gobierno de España, Dominicana y Panamá, así como el secretario general de Unasur se encuentren ausentes del país.
Nada se ha dicho sobre la liberación de los dirigentes políticos presos, tal como se acordó el fin de semana.
Lo que ha hecho el TSJ es violar descaradamente derechos como el de la asociación y reunión de ciudadanos, libertad de prensa y de opinión, la libre expresión del pensamiento en todas sus manifestaciones y la movilización popular.
En estos momentos de angustia, preocupación e indignación por la falta de alimentos, medicamentos y servicios, es incomprensible que la Sala Constitucional acepte y le dé el visto bueno a un pliego de peticiones de la procuraduría general de la República, que no tiene ningún sentido.
Es lamentable que estos funcionarios actúen de esa forma, echando por la borda conocimientos elementales del Derecho, dijo el Dr. Rodríguez Ramos.
Un disparate
La Dra. Nancy Rodríguez de Rodríguez expresó por su parte que el Tribunal Supremo de Justicia en lugar de impartir justicia se ha convertido en un organismo político que, violando la Constitución, le ocasiona al ciudadano dificultades al impedirle ejercer sus plenos derechos de manifestar en cualquier forma.
Las manifestaciones de calle están garantizadas por la Constitución y se pueden realizar como la forma más natural de expresión que tiene la ciudadanía en general.
El TSJ comete un grave error procedimental con esa decisión. ¿Quién actúa en defensa de los derechos de los ciudadanos? Tiene que haber citado al Defensor del Pueblo, para que se hiciera presente al momento de considerar el pliego de peticiones del procurador.
Y además, ningún tribunal puede juzgar en futuro, porque cuando habla de hechos de violencia que pudieran suceder, está cometiendo otro grave error. Se juzgan hechos cometidos. No los que pudieran suceder en un momento impreciso. Los jueces no tienen facultades de adivinos y la justicia tampoco contempla esa posibilidad.
Procedimiento absurdo
Es incomprensible que unos magistrados, de quienes se suponen son guardianes de la Constitución, decidan eliminar disposiciones de la Constitución mediante una sentencia totalmente absurda, que no sólo está fuera de lógica, sino que desconoce por completo el texto fundamental de la República, expuso el Dr. Edgar Urbáez, quien fuera parlamentario.
En esa decisión se cometen errores muy graves que nadie puede entender en su sano juicio, pues no puede un profesional del Derecho atentar contra los derechos que tienen los ciudadanos y están garantizados en el texto constitucional.
¿Cómo se puede explicar que la Sala Constitucional le diga a los ciudadanos que hasta el día de hoy llegó el derecho que teníamos todos de ir a la calle a protestar acciones que consideramos atentan contra nuestra vida, tales como la falta de alimentos y medicinas, o de los servicios básicos que requieren los habitantes de determinada comunidad? Esa sentencia disparatada no puede ser propia de un tribunal.
