Constructores harán propuestas para reactivar al sector

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Ante una paralización de la industria de la construcción en Venezuela en un 80 %, la Cámara Venezolana de la Construcción, presentará al país un conjunto de propuestas de envergadura, que buscan combinar la acción pública con la privada como mecanismo para su reactivación, tras 24 trimestres de caída consecutivos.

El documento denominado “La construcción del país que queremos”, contempla la creación de un marco regulatorio atractivo para las inversiones nacionales y extranjeras; además de condiciones favorables de financiamiento y subsidios para quienes deseen adquirir vivienda en Venezuela, entre otros aspectos importantes.

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En tal sentido la CVC invita a todos los actores del sector a participar en el foro “Construyendo la Venezuela que Queremos”, que será este 30 de noviembre, en las instalaciones del Hotel Pestana, Caracas, a partir de las 8:00 de la mañana, con el objetivo de presentar al país el mencionado documento.

La actividad estará encabezada por Juan Andrés Sosa Branger, presidente de la CVC, quien estará acompañado por un grupo de expertos en diferentes áreas, como Trino Márquez, sociólogo; José Toro Hardy, experto petrolero, Emilio Figueredo, editor de Analítica y Gerardo Urdaneta, motivador; panel que contará con la moderación de Marisela Castillo.

El presidente de la CVC, Juan Andrés Sosa sostiene que el sector construcción ha tenido un peso importante en el PIB consolidado, constituyendo uno de los principales factores dinamizadores de la economía en Venezuela.

En cuanto a los indicadores económicos, destaca que el sector construcción privado registra una caída sostenida desde el año 2005, cerrando el 2015 con un descenso de 23,8%.

“A partir de 2012 la caída es más pronunciada. Tenemos más de seis años de caída del sector construcción”.

-Esta situación es el resultado de múltiples factores, entre los que destacan, principalmente, la desaceleración de la inversión pública; la escasez de insumos básicos; la exigua inversión privada como resultado de un marco jurídico y regulatorio, que expone al inversionista a riesgos extremos; la falta de financiamiento y la carencia de una normativa laboral que incentive la productividad, precisa Sosa Branger.

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