Los cisterneros volvieron a la calle este martes para exigir sus reivindicaciones laborales ante la municipalidad.
Los trabajadores apostaron los camiones cisternas frente al Palacio Municipal, donde trancaron la vía por varias horas.
Desiderio Rodríguez, presidente de la Asociación Civil de Camiones Cisternas del estado Lara, apuntó que los cisterneros del llenadero San Juan hicieron uso del derecho a la protesta establecido en la Constitución de la República.
Recordó que el pasado 27 de octubre se concretó un acuerdo por parte de la Alcaldía de Iribarren que consistió en la solicitud de un crédito adicional por un monto de 40 millones de bolívares.
Con tales recursos se cubriría el pago de cuatro de las 12 semanas que les adeuda el Ejecutivo municipal.
“Después que los concejales aprobaron el crédito adicional solo nos pagaron dos o tres semanas, por eso hoy 15 de noviembre la deuda vuelve a ser de trece semanas”.
Rodríguez agregó que la respuesta recibida el pasado lunes por parte de la Dirección General de la Alcaldía de Iribarren fue que se realizaría una revisión del trabajo hecho por los cisterneros.
“Eso es absurdo porque se trata de una labor que ya fue realizada. Por eso le exigimos al alcalde que nos cancele de inmediato la deuda que mantiene con nosotros”.
Se conoció que un funcionario de la alcaldía les dijo a los manifestantes que Diego Mendoza, director general de la municipalidad, los atendería a fin de solucionar el problema lo antes posible.
“Aprovecho la ocasión para ofrecerles mis disculpas a las diferentes comunidades que hoy no recibieron el servicio por esta interrupción”.
Rodríguez subrayó que si la alcaldía no cancela se verán en la necesidad de no prestar el servicio de agua potable. Mientras que el pago no se haga efectivo no podremos trasladar el agua, declaró el vocero. El llenadero San Juan le presta el servicio a la comunidad de la zona norte, oeste y Bobare.
Precisó que se trata de 220 trabajadores afectados. “La deuda es un monto considerable, son trece semanas de trabajo”.
Asimismo, asisten en promedio a unas 1.000 comunidades.
“Es la segunda vez que protestamos por este motivo. Ya son tres meses sin cobrar. Esperamos que nos atiendan, solicitamos al alcalde pero será Mendoza quien nos atienda. Al mismo tiempo seguiremos en asambleas permanentes. Lamentamos la interrupción del servicio pero nosotros también somos padres de familia”.
