Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) principios como la libertad, la justicia, la paz, la seguridad personal, la libertad de pensamiento, la libertad de opinión y de reunión, entre otros, se convirtieron en baluartes indispensables de la democracia y la participación protagónica de los pueblos. Todos los países, defensores de la soberanía, de su derecho a elegir y controlar a sus gobernantes, de los derechos humanos y las garantías constitucionales, se apegan, fehacientemente, a estos principios conquistados después de la Segunda Guerra Mundial.
No obstante, como entre el ser y el deber ser existen afiladas discrepancias, no todas las sociedades ni todos los tempos históricos se han adecuado a aquello con la misma vehemencia con la que se quisiera; al contrario, producto de la vorágine social y el devenir constante, los principios universales de igualdad, justicia y libertad se han visto alterados por la ignominia política y la ilegitimidad fragmentada del orden constitucional y legal.
Un ejemplo de esto lo narra la presencia y la efigie de los presos políticos que han existido a lo largo de la historia de la humanidad; figuras como Nelson Mandela, que fue acusado de conspiración contra el gobierno, arrestado el 5 de agosto de 1962 y encarcelado por 27 años; Mahatma Gandhi, apresado el 18 de marzo de 1922 por las autoridades inglesas y sentenciado a 6 años de prisión; el activista de los derechos civiles Martin Luther King Jr, perseguido en la década de los 60 por promover campañas y marchas en contra de la segregación racial en Birmingham; y, por supuesto, en la dimensión más próxima de los venezolanos, los 127 presos políticos que tiene en su haber el gobierno de Nicolás Maduro, que la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro), el Foro Penal y otras ONG denuncian ante los organismos internacionales, y que preocupan -incisivamente- a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Empero ¿qué son los presos políticos, qué hay detrás de esta categoría jurídica y cómo pueden ser identificados? Pues bien, el politólogo y profesor universitario Wolfgang Rojas, indica que esta denominación varía considerablemente de una sociedad a otra; no obstante, las características más comunes para poder tipificarlos, es que a las personas a las que se les adjudica el término son acusadas de haber arremetido contra la integridad del Estado, haber conspirado o actuado en contra de la Nación, o haber atentado contra el Gobierno que detenta el poder.
“Sin embargo -subraya el politólogo- en la mayoría de los casos, esta definición cobra validez solo en términos teóricos, pues, en la práctica, la expresión podría desvirtuarse y ser asociada -equívocamente- con prácticas cotidianas como las de opinar y organizar protestas pacíficas en pro de derechos sociales, políticos, económicos, civiles y culturales, tal y como sucede en Venezuela”.
Una premisa que es reforzada por la directora ejecutiva de Fundepro, Jacqueline Sandoval, quien asegura que Venezuela, con relación a los presos políticos, es un caso atípico. Para ella, “el hecho de que el país hable de esta figura (y no solo de presos de conciencia) tiene que ver con los elementos desarrollados por el Gobierno para encarcelar a los ciudadanos (…), los cuales, tienen como único ‘delito’: manifestarse contrarios al sistema de Gobierno, a las políticas públicas y a la ideología instaurada en la Nación, pero terminan involucrados en severos montajes judiciales”.
Ahora bien, ante esta diatriba, es justo precisar que la categoría de presos políticos en Venezuela no tiene su génesis en este momento coyuntural que vive el país; al contrario, ya otrora, se habían hecho visible algunos casos emblemáticos como los que recuerda Rojas al espetar: “Para el país no es novedoso este tema (…) ya antes habíamos podido conocer casos que fueron juzgados de manera real, efectiva y pública (…) uno de ellos, fue el del presidente fallecido Hugo Rafael Chávez Frías a quien se le consideró y se le juzgó como preso político por su intentona de golpe de Estado al gobierno de Rafael Caldera (…) en ese momento, él asumió la responsabilidad de sus actos, lo sentenciaron bajo los tribunales militares y seguidamente fue indultado por el mismo Caldera”.
“Otros casos -continúa- fueron el de Fabricio Ojeda y el de Jorge Rodríguez (padre); quienes, en tiempos de la 4ta República, cuando se luchaba contra el socialismo y las guerrillas, fueron acusados de conspiración contra el Gobierno, sentenciados e incluso asesinados. Lo que pasa –explica- es que estos procesos se desarrollaron bajo circunstancias históricas totalmente diferentes, en momentos convulsos, y no como ahora que son una constante del día a día”.
Una aseveración en la que convergen de nuevo Rojas y Sandoval pues, para esta jurista, defensora de los derechos humanos y familiar de un preso político, “lo novedoso en el tema no es la presencia sino la masificación de los mismos (…) esto es, que el gobierno de Maduro, en tan solo 3 años de gobierno, ha sumado a la historia del país 8 mil presos políticos de los cuales, 127 permanecen tras las rejas”, enfatiza.
Un hecho que invita a la reflexión pues, como advertía Rojas, en los casos de Chávez, Ojeda y Rodríguez, los imputados se hicieron responsables de sus actos, se conocieron pruebas fidedignas de su proceder y la historia documentó una falla que debía ser sancionada; “lo que no pasa con los presos actuales, con los detenidos de la revolución, que solo son apresados por manifestar diferencias con el Gobierno, que son criminalizados por reclamar sus derechos, y son torturados por los efectivos castrenses de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Ejército Nacional Bolivariano”.
Así lo puntualiza Andrés Colmenares, director de la Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz), al denunciar que “los patrones de agresión y de tortura contra las protestas ciudadanas se han convertido en una política de Gobierno, que los procesos empleados para amparar las detenciones han sido viciados, y que la inauguración del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en conjunto con los mal llamados patriotas cooperantes, se han convertido en los principales enemigos del activismo ciudadano en Venezuela”.
Una perspectiva que pone en tela de juicio la democracia venezolana porque de ella puede inferirse que “no hay separación de poderes ni autonomía; que se están transgrediendo los principios fundamentales de la Carta Magna, los derechos humanos y los pactos internacionales que ratifica la Nación en su artículo 23”; y, en el caso particular de los patriotas cooperantes, “nos está poniendo a tono con la Italia de Mussolini, la España de Franco, con la Venezuela de Marcos Pérez Jiménez, y nos está indicando una depravación ciudadana que es sinónimo de desgracias para los principios democráticos”, así lo interpreta el Dr. Miguel Ángel Martín, coordinador del Bloque Constitucional de Venezuela, decano de la Universidad José Antonio Páez en Caracas y abogado con más de 40 años de experiencia.
“Esto es una forma de crear miedo en la población, es una estrategia para ganar la batalla y debilitar al enemigo pues, cuando yo introduzco el miedo en las personas, estas se debilitan, se paralizan y dejan de actuar”, así lo sugiere Martín como preámbulo para indicar que “la realidad de los presos políticos debe solventarse inmediatamente, que es una necesidad humana y que su eventual resolución pondrá en evidencia la voluntad del Gobierno por dirimir los problemas de la Nación”.
Para él, al igual que para los otros expertos consultados en este trabajo, “la existencia de los presos políticos resquebraja el tejido social de los venezolanos, es un tema que debe ser revisado con urgencia, y el Vaticano, a propósito de su acompañamiento en la iniciativa de diálogo, debe poner sus ojos en ellos, visitarles en La Tumba, en Ramo Verde y en los otros centros de reclusión donde se encuentran para que conozcan las condiciones en las que viven, verifiquen las denuncias por violaciones de derechos humanos que han sido presentadas e intercedan por su pronta liberación”.
En otras palabras, desde los enunciados categóricos aquí expuestos, las disertaciones apuntan a que “los problemas de Venezuela van a terminar (o deben terminar) en una negociación (…) en un acuerdo diáfano que incluya a los presos políticos y la flexibilidad por parte del Gobierno para que se resuelvan los problemas, en un replanteamiento del cronograma electoral y en la re-institucionalización de los poderes públicos”, analiza Martín.
Mientras tanto, la sinceridad y la humildad que claman los venezolanos llega a los albores de la política, queda como tarea saber que las violaciones de derechos humanos son imprescriptibles (Art. 29 de la CRBV), que llegado el momento la justicia tendrá que dirimir con objetividad e independencia los delitos de lesa humanidad que se han cometido hasta ahora y, que más allá de todo esto, la deuda recalcitrante que tienen actualmente los venezolanos con la Nación es fomentar su reconstrucción social y el florecimiento de un ámbito de paz, justicia y libertad.
En otras palabras, entender que “la crisis venezolana, en conjunto con la situación de los presos políticos, debe estar por encima de la dirigencia nacional y de sus apetencias; así, de esta manera, el país podrá reconstruirse, avanzar y generar un ambiente propicio para el desarrollo de la ciudadanía actual y el de las generaciones futuras”, concluye Martín.
