La oferta como política de un gobierno de espejismos. En Venezuela, el Ejecutivo se ha mantenido conectado con la base popular a través de ofrecimientos que brindan una “quimera” de realidad. Ocurre con el aumento salarial (Bs. 27.092,00), una “ilusión monetaria” que sigue sin cubrir las necesidades básicas del venezolano, y las maquetas de la Gran Misión Vivienda, programa que se comprometió a entregar en Lara 25 mil nuevos hogares en 2016, pero han asignado poco menos de tres mil.
Por tanto, ¿qué pasa con esas expectativas no cumplidas?.
Esta política de constantes anuncios a sido, quizás, amortiguador del impacto negativo de no cumplir. Sin embargo, el ciudadano se ha encontrado de frente con la realidad.
Durante varios años se han conocido a través de gacetas oficiales y anuncios de gobierno los precios regulados de productos que no se encuentran en el mercado, valores que no coinciden con las estructuras de costo ni con gastos de la importación del mismo gobierno y el Programa de Abastecimiento Complementario (PAC). También se han implementado múltiples sistemas de cambio, los últimos de Divisas Protegidas (Dipro) y Divisas Complementarias (Dicom), no obstante, son dólares que no están a disposición, ni siquiera del sector primario de producción.
El 19 de enero de 2016, el Ejecutivo inició las reuniones del Consejo Nacional de Economía Productiva y según ha referido Antonio Pestana, presidente de la Confederación de Productores Agropecuarios (Fedeagro) y miembro de la mesa agroalimentaria, se han realizado 39 reuniones y aún no hay “resultados importantes o palpables para el país”.
En el segundo trimestre de 2016, según la Confederación de Industriales de Venezuela (Conindustria), la producción nacional fue del 35,2 % de la capacidad operativa de las empresas. La merma productiva continúa, por lo que otras mesas podrían tampoco haber surtido efectos.
A través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) el gobierno reparte bolsas de alimento, pero estas siguen sin atender los requerimientos de la población. Según el Observatorio de Conflictividad de la Asociación Civil Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz) en lo que va de año, en Lara, se han registrado 288 protestas por alimentación. En octubre se suscitaron 10 protestas.
Lo estructural por lo coyuntural
Las medidas económicas resultan más un “paño de agua caliente” que una solución verdadera. La economista y docente de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), Liliana Ferreira, lo ve como “una grave enfermedad a la cual sólo le atienen la fiebre”. Recordó que la economía es un sistema parecido al cuerpo humano, el cual refleja “un problema del corazón con un dolor estomacal”, por ende se debe atacar estructuralmente y no según la coyuntura.
Referido al aumento de salario explicó que estos se aplican para hacer pensar a la población que podrá adquirir más productos, los cuales son fabricados por empresas que también deben cancelar salarios. Si se trata de artículos no regulados, la diferencia se traslada al precio, si son controlados en su valor, se transforman en escasez, por lo cual se sumó al comentario de quienes describen el ajuste salarial como “ilusión monetaria”.
Sobre el control de precios, indicó que es el mismo círculo vicioso a la inversa. Se trata de un precio “artificialmente controlado”, que además son estimados para los cálculos inflacionarios; sin embargo, sólo una pequeña parte de la población los adquiere.
Sobre la hipótesis de que el producto regulado es más económico que el revendido o importado, recordó que para adquirirlo se deben hacer largas colas, que toman dos y hasta cinco horas/hombre, es decir, horas productivas que también tienen un costo, por lo cual la adquisición de los mismos resulta igual de ostentosa.
En este sentido, expresó que los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), si bien fueron creados con un sentido “moralista y ético”, que pretende enfrentar al bachaqueo, no existe garantía de dichos valores o que su uso, desde las comunidades, no sea político.
Aseveró que en caso de que su sistema fuese “perfectamente funcional”, le “arrebata al consumidor el poder de elegir y genera una demanda ficticia al obligar al consumidor a adquirir artículos o marcas que quizás no son de su preferencia”.
Expresó que los CLAP “distorsionan” el mercado al generar una demanda que quizás no es la habitual. Subrayó que se “homogeneiza al consumidor”.
Ferreira acotó que estos programas funcionan como “paliativos en sociedades disconformes, con niveles de supervivencia que hacen que cualquier alimento suministrado sea ganancia. Pero un país no se construye con altos porcentajes de supervivencia básica”.
Al consultarle sobre los resultados de los Consejos Nacionales de Economía Productiva, manifestó que sin importar el número de comisiones y reuniones, mientras no se ataque el problema base, no serán más que una propuesta sin efectos.
Indicó que la solución al desabastecimiento no es apresar al bachaquero o a quien le distribuye, es generar producción para que su práctica pierda efecto ante la oferta suficiente y oportuna. “Toda esa energía que dirigen a los CLAP y en la organización de la distribución se podría focalizar en producción para generar abastecimiento”, acotó.
La economista citó casos como el francés, donde las comunidades se organizan para producir, con base en sus potencialidades. El propósito es adquirir insumos de manera masiva, más económicos, pero a la vez producir productos con costos de producción menor, de mayor calidad, homogéneos y posibles de exportación.
Casos como este generan ingresos para las comunidades e incluso para el país, además de fuentes de empleo.
Respecto a la materia laboral, se consultó a Ferreira sobre políticas de gobierno con incidencia en lo económico, como la inamovilidad laboral. Sobre el tema puntualizó que carece de sentido cuando el mismo gobierno viola su norma, porque es quien la incumple y quien debe velar porque se lleve a cabo.
Señaló además que estas políticas estandarizan la masa trabajadora según el menos productivo, ya que aunque haya un trabajador eficiente, debe pagarse salarios iguales a trabajos iguales.
Sin bonificaciones ni posibilidad de despidos, se genera un bajo margen de competencia laboral y por tanto productivo, lo que a su vez afecta las empresas del país, que motivado a las múltiples limitaciones para laborar, pago de impuestos, permisos y otras, tampoco cuentan con las condiciones suficientes para pagar remuneraciones mayores al salario mínimo, razón por la cual se homogeneizan también los salarios.
La cultura del Estado paternal
Ferreira criticó la política de dádivas, que en su opinión son mal focalizadas.
-No entendimos bien que el petróleo es de todos… Sabemos que somos dueños de esa riqueza, pero la maneja otro, creando un estado paternalista que raya en el exceso y hace creer que el ciudadano no tiene capacidad de manejar sus recursos… El gobierno ha hecho sentir que hace un favor cuando regala una casa. Le conviene multiplicar la idea de que es quien da y quien quita, cuando realmente es el administrador de los recursos.
Subrayó que Venezuela pudiese avanzar hacia otros modelos rentistas como el nórdico, con fondos de ahorros e inversiones petroleras con acciones en empresas públicas al nacer. Los ciudadanos reciben sus recursos y los autoadministran. Así saben cuánto ganan, cuándo produce la empresa y percibe el gobierno por impuestos; hay un mayor control.
Ferreira no comparte la idea de sembrar el petróleo, como una manera de renunciar a esta actividad en la cual Venezuela es tan competitiva.
Destacó que el país cuenta con años de experiencia petrolera y con universidades de gran tradición en el campo. Diversificarse en este ramo, sería entonces ofertar en el mercado internacional productos y servicios alrededor de la actividad petrolera, con base en el conocimiento y experiencia
Gobierno de errores
Para Carlos Raúl Hernández, PdD y magíster en ciencias políticas, las medidas económicas del gobierno han llevado al país al desastre total, por lo que el 80 % de la población considera que el país transita un “terrible camino”. Sostuvo que si el gobierno se sometiera a cualquier proceso de medición, sería la “desaparición del proyecto revolucionario”.
-En vez de dictar medidas económicas que promuevan el progreso de Venezuela, el gobierno ha dilapidado los recursos de estos últimos años, que fueron suficiente para que el país se convirtiera en una Abu Dhabi… Venezuela tuvo la oportunidad de ser un país de desarrollo, porque percibió recursos superiores a los de otras naciones por ingreso petrolero.
Calificó las medidas económicas como “antipolíticas basadas en derroche”. Asimismo, expresó que la política comunicacional del gobierno ha sido “la mentira”, ya que “para ellos la verdad es mortal”, una realidad traducida en inflación, devaluación, trabajo informal y escasez.
Expresó que el venezolano se ha percatado de este perfil y no es que sea conformista, sino que el Ejecutivo Nacional se ha apoyado en las Fuerzas Armadas y poderes públicos como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para reprimir al venezolano.
Los militares tienen presencia en todo acto de represión y control. No sólo se aprecian en las manifestaciones de calle, sino también en las colas para la compra de productos regulados y en las inspecciones a industrias y establecimientos comerciales.
Al consultarle a Hernández por qué el gobierno insistiría en aplicar una “política de espejismo”, visto el rechazo del venezolano, como ocurrió con el reciente ajuste salarial, señaló que esto es así porque el sistema socialista “acaba con la producción y persigue a los productores, para luego, constitucionalmente, culpar a los demás”.
-Este es un gobierno de errores, mentiras y espejismos.
Subrayó que la política de ofertas y expectativas ya no funciona al gobierno.
