Con la palabra “diálogo” en la palestra venezolana, trabajadores y empresarios, solicitan retomar la discusión tripartita para debatir sobre salario y las realidades económicas de la masa laboral y empresas, que ante el reciente ajuste de Bs. 27.092,00 del salario y de Bs. 63.720, 00 de bono de alimentación, lo que suma un ingreso real de Bs. 90.812, se confiesan “preocupados”, “insatisfechos” y “sobre riesgos”, ya que el sector privado podría registrar el cierre de algunas empresas.
José Elías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), apuntó que rechazan la manera cómo el Gobierno ha manejado el tema salarial, “sin consulta”, sino de manera unilateral, lo cual consideró “una política engañosa”.
Más que un aumento que beneficie al trabajador es una “compensación insuficiente”, que guarda mayor peso en el bono de alimentación, figura que recordó carece de incidencia en otros beneficios laborales como utilidades, vacaciones y liquidaciones. “Estamos como en la época de la esclavitud que se trabajaba para comer y no es sólo que así parezca en la dinámica de la economía, sino que así lo hace ver el mismo gobierno al pagar más tickets que salario”.
Por dicho motivo la abogada laborista Mariolga Girán, sostiene que el referido incremento no constituye un beneficio para el trabajador, sino “una medida política” en un momento en el que “hay manifestación y molestia en la calle”.
Por su parte, Domingo Salgado, también abogado especialista en materia laboral, rescató la “necesidad de un diálogo tripartito”, que permita discutir, con su posterior aplicación, medidas que incentiven la producción, coloquen productos en los anaqueles y permitan a las empresas dar salario digno.
El incremento salarial ya se aprecia en la calle, incluso los taxistas, también llamados “libre” han incrementado sus tarifas. En la medida en que trascurran los días, cada vez será menos lo adquirido. Allí radica la razón por la cual especialistas y representantes de trabajadores y patrono, sostienen que no se trata de una política proteccionista del ingreso .
Cada vez es menos
Al menos el 70 % de la población venezolana devenga salario mínimo. Si se toma en cuenta que la Canasta Alimentaria Familiar (CAF) de septiembre se ubicó en Bs. 405.452,78, según el Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas), se requerirían 4,4 salarios mínimos, a fin de sólo alimentar a una familia de entre cuatro y cinco miembros.
En lo que va de año el Ejecutivo nacional ha decretado cuatro aumentos salariales, en diciembre podría haber un quinto. En 2015, también se aprobaron cuatro ajustes y en 2014 un total de tres.
Para enero de 2014, el ajuste fue de 10 %, lo que situó el salario en Bs. 3.270 y el bono de alimentación era de poco menos de Bs. 3.000. El total devengado eran aproximadamente Bs. 6.000 y la CAF de aquel entonces era de Bs. 15.919.76. Se requerían 2,6 salarios mínimos.
A pesar de los incrementos constantes del Gobierno, los salarios siguen sin suplir necesidades del ciudadano. Para 2014 el aumento porcentual fue de 55 % nominal, pero la inflación fue de 63 %. En 2015, el incremento porcentual resultó ser de 75 % y la inflación de 180,9 %, lo que demuestra la progresiva separación entre los salarios y los precios de mercado.
Torres sostiene que se deben aplicar ajustes macroeconómicos que permitan recuperar el poder adquisitivo, a fin de que este tipo de incrementos y que se mantengan en el tiempo.
Sin formalidad
Arismedi señaló que Venezuela es el “único país donde los aumentos salariales generan preocupación, porque no se atienden los problemas de fondo… Pero con estas medidas el Gobierno termina echándole más gasolina con fuego”.
Gran parte de la fuerza laboral devenga salario mínimo y aunque la disposición del Ejecutivo fue pagar los bonos de fin de año con este nuevo monto, tal cómputo dependería de las contrataciones colectiva, ya que el cálculo de las empresas privadas se realiza sobre la base de la utilidad anual, por lo que los Bs. 27.092, tendrían incidencia sobre uno o dos meses de dicho cálculo.
El aumento salario se presenta con el desembolso de utilidades y una fuerte caída productiva, entre otras problemáticas políticas y sociales, por lo que Alberto Gámez, presidente de Fedecámaras – Lara, sostiene cerca del 37 % de las empresas de la entidad que envíen a vacaciones colectivas en diciembre, podrían no volver a sus labores luego del 14 de enero, por motivos de cierre técnico o absoluto, lo que igualmente sumaría a los índices de desempleo en el país.
