Con el telón de fondo de la crisis en Venezuela, la Suprema Corte de Estados Unidos analiza este miércoles la expropiación que realizó el fallecido mandatario Hugo Chávez en 2010 de una firma petrolera estadounidense.
Los ocho magistrados del alto tribunal deberán determinar bajo qué condiciones puede un estado soberano ser sometido a la justicia estadounidense.
Con sede en el estado de Oklahoma, la firma Helmerich & Payne International Drilling Company acusa a Venezuela de haber tomado en forma ilegal once plataformas petroleras.
En aquel momento, la «revolución bolivariana» en Venezuela estaba en su apogeo y Chávez propugnaba meter al país en el «socialismo del siglo XXI».
Expropiación
El gobierno de Chávez nacionalizó varios sectores de la economía -desde los agroalimentos a la distribución y la banca-, obligando a las multinacionales a reducir su despliegue.
La energía, en tanto sector estratégico, no escapó a ese proceso.
Actor relativamente modesto en el sector de la perforación petrolera, Helmerich & Payne operaba entonces como subcontratista de la estatal Pdvsa.
La firma estadounidense había entregado a Venezuela sus propios equipos de perforación.
En 2009, Helmerich & Payne constató una acumulación de facturas impagas de parte de Pdvsa por unos 100 millones de dólares, por lo que decidió detener sus gastos y desmantelar sus instalaciones.
En respuesta, el gobierno venezolano tomó medidas en junio de 2010 para impedir el traslado de los equipos y el presidente Chávez firmó un decreto expropiando a Helmerich & Payne.
La firma, a su vez, demandó a Venezuela ante la justicia estadounidense, consciente de la inmunidad que gozan los estados soberanos.
Inmunidad
No obstante, en 1976 el Congreso previó limitadas excepciones a esa inmunidad.
Bajo la «Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera», existe la posibilidad de perseguir judicialmente a un país extranjero si este se apodera de bienes estadounidenses, o cuando sus acciones acarrean consecuencias directas sobre el funcionamiento comercial de Estados Unidos.
Basado en esa legislación, una corte de Washington dio lugar al reclamo de Helmerich & Payne contra Caracas.
El estado venezolano respondió que era impensable, según el derecho internacional, autorizar un proceso contra un país soberano por un motivo tan poco sustancial.
En este complicado caso, Caracas obtuvo paradójicamente el apoyo del gobierno de Estados Unidos, que teme convertirse en una víctima por desafiar el sacrosanto principio de la inmunidad extranjera.
En ese marco, el presidente Barack Obama se opuso recientemente a una ley que permite a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre demandar a Arabia Saudita.
Los ochos magistrados de la Suprema Corte atendían con cierta perplejidad el caso, que podría acarrear graves consecuencias.
El Departamento de Estado «está preocupado», subrayó durante los debates la jueza Sonia Sotomayor.
