Un día después de que el gobierno y algunos miembros de la oposición concluyeran un primer intento de diálogo, la Asamblea Nacional de Venezuela reanudará el martes el debate sobre el juicio político al presidente Nicolás Maduro por supuesta ruptura del orden constitucional.
Los parlamentarios opositores, que controlan el Congreso por primera vez en 17 años, resolvieron la semana pasada enjuiciar a Maduro después de que un tribunal afín al gobierno bloqueó un proceso de recolección de firmas para activar un referendo para separar del cargo al gobernante.
Jesús Torrealba, secretario general ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, que agrupa a una treintena de partidos y organizaciones de oposición, dijo a The Associated Press que «el diálogo no es otra cosa que un espacio, un escenario de la lucha, así que la sesión para discutir la posible responsabilidad del presidente al incumplir sus deberes constitucionales va».
Agregó que «la agenda de calle continúa. Nosotros estamos luchando por recuperar nuestro derecho al voto para salir de esta crisis y lograr un nuevo gobierno, ese es el objetivo».
Sin embargo, el proceso es meramente simbólico ya que la instancia legislativa carece de facultad para destituir al presidente de acuerdo con la constitución.
La decisión final recae en el Tribunal Supremo de Justicia, cuyos magistrados nunca han votado contra el mandatario y son señalados de estar bajo el control del oficialismo.
Maduro -que fue citado a comparecer para defenderse de las acusaciones- advirtió que ejercerá en los tribunales una acción penal contra los legisladores que insistan en proseguir el juicio político, al que catalogó de «golpe de Estado», pese a asegurar que está comprometido con el diálogo.
Los diálogos exploratorios -que son mediados por un enviado del Vaticano y los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, de España; Martín Torrijos, de Panamá, y Leonel Fernández, de República Dominicana- están marcados por la desconfianza.
Muchos de los críticos de Maduro temen que las conversaciones sean una táctica dilatoria con el propósito de aliviar las presiones sobre el mandatario, cuya popularidad se encuentra en niveles muy bajos por la galopante inflación y la escasez de alimentos y artículos básicos.
Diversas encuestas indican que 80% de los electores desea que Maduro abandone el poder.
El arzobispo Claudio María Celli, enviado del Vaticano, ha pedido a ambas partes que hagan concesiones para darle credibilidad al proceso y evitar el fracaso de las conversaciones.
Como un gesto del gobierno el martes se confirmó la liberación de cuatro de los más de un centenar de detenidos, considerados «presos políticos» , entre ellos el dirigente del partido Avanzada, Carlos Melo, quien pese a ser favorecido en septiembre por una medida de libertad condicional estuvo detenido dos meses. Melo fue acusado de la supuesta posesión de materiales explosivos.
«Las primeras liberaciones son un logro, pero no estamos ni remotamente satisfechos», comentó Carlos Ocariz, alcalde del municipio capitalino de Sucre.
El excandidato presidencial Henrique Capriles, uno de los principales promotores del referendo, reafirmó la marcha convocada al palacio presidencial el 3 de noviembre.
