El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), expresó su preocupación por la falta de garantías democráticas en Venezuela, expresada por la falta de libertad de expresión y la suspensión del referendo revocatorio en violación de derechos políticos.
La organización con sede en Washington consideró que esta situación repercutirá en la evaluación que está por efectuar las Naciones Unidas, e hizo un llamado al Estado venezolano a restablecer las condiciones de convivencia social y respeto a la Constitución.
Comunicado:
Venezuela presentará su segundo Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, el próximo 1 de noviembre. Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) manifestamos nuestra preocupación por la situación de derechos humanos en Venezuela y nos sumamos a las voces que piden garantías para el ejercicio efectivo de la libertad de expresión, los derechos políticos, los derechos sociales y la democracia.
En los últimos días, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela anunció la suspensión indefinida del proceso del referendo revocatorio, mecanismo que permite la remoción de las autoridades electas por votación popular, mediante una nueva consulta, promovida por distintos sectores sociales y grupos políticos. Estas actuaciones ocurren bajo un contexto de crisis económica, alimenticia y sanitaria en la que han aumentado las situaciones de vigilancia y acoso a defensores de derechos humanos; se han generado obstáculos de facto y legales a las libertades de reunión, asociación, expresión y a los derechos políticos; y el país se encuentra azotado por altas tasas de violencia, homicidios e impunidad.
Reiteramos, que el Estado venezolano tiene la obligación de garantizar el pleno acatamiento del Estado de derecho, los principios constitucionales y los derechos fundamentales, incluido el derecho a la democracia. En ese sentido, Venezuela debe proteger el derecho de sus ciudadanos y ciudadanas a salir a manifestarse, expresar sus opiniones discrepantes y, en el caso de defensores de derechos humanos, realizar su trabajo, sin miedo a represalias y hostigamientos.
