Sector público solicita que pago del bono de fin de año sea ajustado a la realidad económica del país y apegado a la igualdad y sentido de homologación entre todos los sectores públicos, ya que “empleados de poderes secuestrados por el Estado” devengarían más días que otros gremios como educación y salud. Se declaran “estafados” ante el incumplimiento de los compromisos del contrato marco.
Al respecto, Servando Carbone, coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete) y de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público (Fentrasep), recordó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó el 20 de noviembre de 2015, y durante campaña electoral para los comicios parlamentarios, el Contrato Colectivo Marco para la administración, el cual debía aplicarse a partir de enero del presente año y que servirían como patrón o referencia para la remuneración de los trabajadores.
Sin embargo, este no se cumple. Se sienten “estafados”.
Indicó que también piden la homologación de beneficios entre instituciones, ya que “organismos y poderes secuestrados por el Gobierno”, devengarían más días de vacaciones y utilidad que el resto de los ciudadanos que forman parte de la nómina pública.
-Una de las cláusulas que aparece en el contrato, se refiere a la bonificación de fin de año y estamos prontos a que el Ejecutivo comience a enviar dichos recursos… Decimos que hemos sido objeto de fraude y estafa por parte del Gobierno, ya que múltiples instituciones han pagado algunos días de bono de fin de año con diferencias.
A la exigencia de los trabajadores se suma el pago como mínimo de 180 días del referido bono y no de 105 como lo establece el contrato, motivado a los índices inflacionarios. Vale destacar que empleados del Banco Central de Venezuela (BCV), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y Consejo Nacional Electoral (CNE) gozarían del pago de fin de año de más de 200 días de trabajo.
También solicitan el reconocimiento en dicho pago con el ajuste salarial que decretó el Gobierno, tal y como lo han referido representantes gubernamentales.
Explicó que el contrato marco rige las condiciones generales de los empleados públicos, contrato referencia que se aplica a más de dos millones de empleados públicos.
Destacó que el contrato marco también establecía el pago, a inicios de año, de una prima porcentual por antigüedad, y establecía el pago del bono vacacional a cincuenta días, puntos que no se han cumplido a cabalidad.
Carbone destacó su validez e importancia motivado a que diversas instituciones públicas no gozan de contrataciones colectivas sectoriales.
Afectados por la política
El coordinador nacional de Fentrasep señaló que los más afectados de la administración pública, son las alcaldías y gobernaciones que, “por razones políticas”, no han recibido a tiempo las diferencias de pago por ajuste salarial y ticket alimentario.
“Es una situación muy delicada que ocurre porque el Gobierno lo ha visto como un aspecto político, pero es de carácter social”, puntualizó.
-Los trabajadores no tenemos nada que ver con la diatriba política y el desastre que ha hecho el gobierno… Son ellos los que nos tienen contra la pared y lo que queremos es la homologación de las condiciones y que se recupere el poder adquisitivo de los ciudadanos.
