En Venezuela, todo empleo, aunque sea mal remunerado, es valorado como un bien preciado que permite la subsistencia del núcleo familiar en un proceso inflacionario que ha situado la Canasta Alimentaria Familiar (CAF) en Bs. 405.452,78. Por tanto, una notificación de despido es, quizás, la menos deseada.
En los últimos dos años los despidos masivos en la administración pública han incrementado considerablemente, proceder que representantes sindicales han llamado “política de gobierno”.
Bien sea por razones políticas o como medida política ante la corrupción en las instituciones, tal y como lo refirió el presidente Nicolás Maduro con Abastos Bicentenario, cada vez son más los venezolanos despedidos de la administración pública.
Al respecto, Servando Carbone, coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete) y de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público (Fentrasep), expresó que el Estado ha tomado como política “atentar contra los trabajadores”, que “requieren sus ingresos y que a pesar de tener un trabajo, la están pasando mal”, ante lo cual “el Gobierno no hace nada, sino que mantiene su política de despidos”.
Sólo Unete cuenta con 100 registros formales de casos de despidos por razones políticas, los cuales fueron presentados en septiembre ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entidad ante la cual el Gobierno nacional también ha suscrito convenios de garantías de trabajo. Para beneficio de la masa trabajadora, los mismos actores se han referido públicamente a los despidos por razones políticas, por lo que existiría documentación al respecto.
Sin embargo, la cifra sería mayor, ya que numerosos despedidos no formulan la denuncia, motivado al temor, presión o concreción de acuerdos, que en opinión de Carbone, siguen siendo en detrimento del trabajador.
-La razón política es una piedrita que el Gobierno se consiguió en el camino. Pero vienen sistemáticamente aplicando atropellos contra el sector trabajador, porque es su política del Estado. De dos años para acá, han desarticulado las instituciones para meter gente nueva, para que sea sumisa… Dentro de esa política sistemática actúan las supresiones, liquidaciones, jubilaciones forzadas y otras.
Vale destacar que el 28 de diciembre de 2015, el Ejecutivo nacional extendió la inamovilidad laboral por tres años.
La firma lo anula todo
Una firma fue de mayor peso que el fuero sindical. José Luis Ramos, secretario general del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Ministerio de Finanzas (Sunep Finanzas-Seniat), fue despedido meses atrás, por firmar en la recolección del 1 % de las firmas para el referendo revocatorio.
Sostiene que su caso, así como otros, es una violación al derecho a la estabilidad laboral, establecido en la Ley Orgánica del Trabajo y el estatuto de Recursos Humanos del Seniat, además de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se dicta que los funcionarios públicos gozarán de ésta.
Subrayó que se trata de despidos de funcionarios de carreras, en su caso 24 años de servicio, con los cuales no se cumplió el debido proceso, establecido en el artículo 49 de la Carta Magna. “No se nos aperturó la averiguación administrativa, ni se nos notificó la incursión en alguna falta”, expresó.
-La mayoría de los funcionarios en esta situación tienen más de 15 años de servicio.
Somos funcionarios que entramos a la institución por concurso y que nos hemos preparado dentro del organismo para hacer experiencia tributaria. También se le hace un daño grave al patrimonio nacional, porque la misma empresa invirtió dinero en la capacitación de estos funcionarios, además que cuando se restituya el hilo constitucional y el Estado de derecho, nos reengancharán y tendrán que pagar los sueldos caídos.
Según Carbone, al Gobierno le interesa, como acción política, generar temor y una matriz de sumisión sobre los trabajadores que aún se mantienen en las empresas públicas. “Quien está ahorita ejerciendo puestos de dirección, son colocados por el Gobierno, sin experiencia y afines al partido político”.
Expresó que dichas instituciones continúan en pie porque el mismo Estado envía recursos para su funcionamiento. Sin embargo, estas “no funcionan bien, por la ineficiencia de los funcionarios que dirigen las instituciones”.
En Lara fueron despedidos ocho funcionarios del Seniat, algunos de ellos también con fuero maternal, en periodo de lactancia, o bajo la figura de reposo. A escala nacional fueron más de 200 los trabajadores despedidos.
El mismo oficio fue presentado a todos los funcionarios, por lo cual se desconocen las reales causas, al menos legales y valederas, del despido. El motivo de despido sería entonces el mismo: político.
Una crítica que vale el despido
Por decir la verdad, a pesar de ser chavista. El pasado mes de junio, trabajadores de la Corporación Venezolana de Alimentos (CVA) en la región, manifestaron su inconformidad ante la notificación de liquidación del organismo, tras lo cual fueron despedidos algunos trabajadores.
Pero previo a la protesta, algunos empleados, que aún se declaran chavistas y que fueron despedidos, denunciaron ante la directiva actos de corrupción.
Uno de ellos, quien solicitó mantener su identidad en anonimato, ya que aún no le han cancelado parte de su pago final, sostuvo que la liquidación del organismo es una excusa.
“Sencillamente eso ocurrió porque los trabajadores nos molestamos y les dijimos que no tenían la capacidad para formar otra corporación y habían trabajadores con mucha más capacidad”, comentó el ingeniero con nueve años de trabajo al Estado.
-Yo soy revolucionario, pero no ciego y sé que cometen demasiados errores.
Explicó que actualmente CVAL maneja dos mataderos y una despostadora. No obstante, al inicio contaban con 174 empresas adscritas, y cada una de estas tenía en promedio cinco subempresas. El universo agroindustrial era entonces superior a 600 empresas.
Al consultarle cuáles serían las razones de la caída productiva de CVAL, comentó que no se debía a sus trabajadores, sino a la errada toma de decisiones.
La nueva corporación más que por razones productivas, se mantendría por razones políticas. El trabajador alega que el propósito será “mantener un nombre” , ya que la producción es mínima.
Manifestó que lastimosamente en empresas como CVAL se entiende que si el trabajador asume una postura crítica a lo político es “escuálido”, pero “yo soy revolucionario”.
Carbone calificó estas supresiones y liquidaciones según decreto como “salidas políticas del Gobierno”, bien sea del personal o empresas mal administradas.
-Así eliminan la experiencia y crean otra institución con iguales fines, para la cual contratan otras cien personas nuevas, con la finalidad de pagarles mucho menos que a las personas con carrera. Terminan siendo personas fieles al Gobierno, que acuden a las marchas.
Expresó que se trata de instituciones públicas que al final no dan un servicio acorde y de calidad a los ciudadanos, sino al Gobierno.
Al inicio de la lucha de trabajadores de CVAL en Lara, se alzó la voz de aproximadamente 100 trabajadores. No obstante, tras despidos y amedrentamientos, el número se redujo, hasta “despedir a quienes eran incómodos”. Otros renunciaron por presión e incompatibilidades profesionales.
-Nos despidieron a los que hacíamos los reclamos, pero también a los que creían que quedarían en la nueva corporación y que eran fieles al patrono.
Despidieron cerca de 400 personas.
Conflicto de poderes
Mecanismos como el reenganche quedan sin efecto ante el patrono público. Reinaldo Bastidas, es uno de los 40 trabajadores despedidos en Lara por la CVA Azúcar. De este grupo, 13 cuentan con providencia de la Inspectoría del Trabajo, la cual ordena su reincorporación a los puestos de trabajo. No obstante, la respuesta ha sido un cheque de liquidación.
Recordó que a través de un decreto de supresión de la CVA Azúcar se despidieron a más de 1.200 trabajadores de la corporación en todo el país, incluyendo representantes sindicales.
No obstante, refirió que además del decreto Nº 474, existe otro documento que señala no la supresión, sino la transferencia de los trabajadores de centrales a una nueva corporación.
Expresó que han sostenido reuniones con representantes del Ministerio del Trabajo, los cuales recomiendan entablar un proceso de negociación con el patrono, a pesar de que 146 trabajadores en todo el país cuentan con una providencia administrativa de reenganche.
-Quieren negociar con una liquidación en mano, una cuenta hasta el mes de marzo, que no toma el resto de los salarios caídos… La directiva de la corporación ha dicho que no aceptará el reenganche de ninguna manera.
Refirió que el rechazo por parte del patrono, se debe a que este grupo de despedidos, denunció múltiples irregularidades dentro de la empresa, mientras se encontraban activos.
Indicó que en las reuniones en el Ministerio del Trabajo no les han permitido el acompañamiento ni representación de abogados particulares, ya que el mismo gabinete les garantiza defensa. Bastidas lamentó que representen al patrón, “al mismo Gobierno”, y no a los trabajadores.
Recordó que según ley, ante una dualidad de veredictos, se debe aplicar el más conveniente para el trabajador, lo que en su caso no está ocurriendo.
El coordinador nacional de Unete y Fentrasep expresó que la administración pública, hoy por hoy, sopesa una “desgracia”. Relató que el Gobierno nacional ha introducido a la administración pública personal nuevo y sin experiencia, a fin de salir de las personas con carrera y antigüedad, bien sea a través de despidos o uso de los poderes públicos.
-Aquí no hay justicia y todo esto hace que la gente recule o negocie… Creo que esto estallará en cualquier momento, porque no se pueden retener las injusticias. La gente ya no se la cala más”
