Lo que ha enardecido y cargado de miedo al gobierno de Nicolás Maduro es el primer golpe electoral que el 6 de diciembre le propinó la inmensa mayoría de los venezolanos, incluido por lo menos un millón de chavistas desengañados, y la amenaza que les corroe la mala conciencia a los depredadores del Tesoro Nacional, de la segura continuada de ese tipo de golpe si permiten la relación de otras consultas electorales.
De allí la profundización de la militarización del país, con la entrega al Alto Mando Militar del control de importantes empresas del Estado como las relacionadas con el llamado Arco Minero de Guayana, e incluso corre el rumor de una posible entrega de PADVSA tras el fracaso de su actual Presidente Eulogio del Delpino. A la militarización de la Administración Pública, se agregra la criminal represión de los cuerpos policiales y para policialescontra algunos dirigentes de la oposición, seleccionados según su importancia en el liderazgo nacional, como son los casos de Leopoldo López y Antonio Ledezma, más de un centenar de estudiantes y jóvenes dirigentes políticos en todo el país. Tanto la militarización como la represión tienen como objetivos amedrentar, aterrorizar a la población opositora y al ciudadano común, con la finalidad de tratar de lograr que se abstengan de participar en la lucha por el rescate de la Constitución Nacional Bolivariana de Venezuela.
La suspensión o bloqueo del Referendo Revocatorio por la parte del CNE, utilizando varios jueces penales, carentes de competencia para tales fines, ratifica el miedo a perder todo el poder si se realiza antes del 10 de Enero cuando vence el período correspondiente para llamar a nuevas elecciones. El golpe electoral ejecutado por más del 60% de los venezolanos que han manifestado su decisión de votar por la salida de Nicolás Maduro del poder, expondría a la cúpula civil y militar que ha violado los Derechos Humanos y ha sido señalada y enjuiciada por supuestas vinculaciones con el narcotráfico, por la justicia internacional, a la condena a prisión por delitos que no prescriben.
Las graves repercusiones que tendría la pérdida del poder por parte de la secta cívico militar que se han entronizado en el gobierno, debido a los crímenes cometidos contra la población nacional internacional, es lo que ha unido a todos los cómplices de esos delitos, a violar la Constitución Nacional Bolivariana en la creencia de que pueden derrotar a una mayoría de ciudadanos que ha tomado conciencia de sus derechos y se manifiesta dispuesta a rescatar el Estado de Derecho.
Y aunque la mejor salida en este tipo de conflicto, por lo confirmado por la experiencia mundial, es un acuerdo nacional, para evitar que prospere la violencia, si el gobierno no reconoce la realidad política, económica y social que sufren los venezolanos, y se aviene a un acuerdo nacional, si retaliaciones pero con justicia, la crisis se agudizará.
