Un grupo de aproximadamente 50 exfuncionarios policiales, durante la mañana de este jueves, se apostó a las afueras del edificio del Consejo Legislativo del Estado Lara (Clel) para solicitarle apoyo a los parlamentarios de la región ante una situación que, según denunciaron, están atravesando.
Y es que, más de 300 expolilaras, jubilados a finales de septiembre, se encuentran exigiendo la cancelación de la liquidación de las prestaciones sociales a la Gobernación del estado Lara, las cuales se calculan en base al artículo 142 de la LOTT.
Explicó el vocero de los afectados, Benigno Álvarez, que en busca de respuestas se han reunido con la directora de Recursos Humanos de la gobernación, Paola Bernal, quien les ha manifestado que el déficit presupuestario para cumplir con dichos compromisos “es millonario”.
“Ellos tenían que tomar las previsiones para sacarnos de servicio, nos sacaron para morir de hambre (…) Incumplen con el artículo 92 de la Constitución que dice que deben pagarnos. Los cálculos de todos los compañeros ni los han hecho”, explicó Álvarez, quien agregó que habría dinero solo para honrar compromisos de 20 jubilados.
Declaró uno de los expolilaras de cierto rango, que de devengar hasta casi 100 mil bolívares en salario integral, pasó a percibir poco más de Bs. 22 mil. Asimismo, por obvias razones, perdió todos los beneficios laborales.
Según cálculos improvisados que revelaron, el rango de las sumas por persona para la liquidación estaría entre los 3 mil y 4 mil bolívares.
Capacidad presupuestaria
Una comisión especial del Clel atendió a los exfuncionarios. Según explicó la legisladora Grace Lucena, el procedimiento se hizo de acuerdo a la Ley, con el antiguo Fondo de Pensiones y Jubilaciones, hoy llamado Fondo de Tesorería Nacional.
No obstante, aseguró que el Ejecutivo regional se comprometió a cancelar las deudas en la medida en que vayan llegando los recursos para ello.
“No puede haber otra manera, tiene que ser de acuerdo a la capacidad presupuestaria de la gobernación”, sostuvo.
Próximas acciones
Álvarez manifestó que se encuentran agotando la vía administrativa, aunque el caso, a su juicio, se trate de una violación de Derechos Humanos.
Algunos de los manifestantes aseguraron que se encadenarán en la sede de la gobernación el próximo lunes, de no tener respuesta.
“Cuando nos jubilaron lo que dieron fue un cartón, que ya nos comimos porque lo que tenemos es hambre”, apuntaron.
