Con la aprobación por mayoría del parlamento nacional del inicio de la evaluación de la responsabilidad política del presidente Nicolás Maduro, resuelta ayer en sesión especial, se emplea un recurso constitucional que podría afectar su gestión, sobre todo, ante instancias extranjeras, como lo pronosticó el abogado e integrante del Bloque Constitucional, Perkins Rocha.
El establecimiento de responsabilidad política, conjeturó Rocha, “tiene un impacto internacional bárbaro” porque serán menos los países que se atreverán a tener nexos comerciales con Venezuela. Encima de restarle popularidad al primer mandatario nacional, dijo, la aplicación de este mecanismo devendrá en desprestigio porque “nadie va a creer en él (Nicolás Maduro), va a generar dudas a la hora de un préstamo o de una participación internacional”, ejemplificó.
Lo que la Asamblea acordó hacer, explicó, es el uso de sus facultades de examinar las actuaciones del Poder Ejecutivo. “Si el Ejecutivo incumple, lógicamente es la Asamblea la que está llamada a examinar esa no adecuación del Ejecutivo al texto constitucional y a establecer responsabilidades. Por eso, forma parte de la AN el establecimiento de responsabilidades civiles, penales, administrativas y políticas del Ejecutivo y a eso podría llamársele juicio político”. Aclaró que este mecanismo no es el mismo por el que pasó la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, pues en Venezuela no existe la figura de juicio especial de carácter político.
Una vez cumplido el derecho a la defensa de las imputaciones para el presidente, “la AN está absolutamente facultada para establecer la responsabilidad política de esas actuaciones y en la medida en que considere que además de responsabilidad política está incurso en hechos delictivos, de carácter penal, civil o administrativo puede pasar los asuntos directamente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y este hace esa averiguación”.
En esta etapa, dijo “es perfectamente posible prever que el TSJ se niegue a investigar el asunto”. Además, la máxima autoridad nacional podría exigir que el Consejo Moral Republicano, antes de evaluarse el pase del asunto al TSJ, evalúe si hay o no una conducta delictiva. Y aquí hay otra limitante. El Consejo está formado por el defensor del pueblo, un “hombre políticamente de confianza del Ejecutivo”; la fiscal general de la república, con la misma afinidad; y el contralor general de la república. Por eso, “muy probablemente el Consejo Moral Republicano frenará o bloqueará la investigaciones que el TSJ haga”. Pero, a pesar de esta posibilidad, Rocha encuentra importante que la AN continúe con la investigación.
El mismo pronóstico lo comparte el politólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Carlos Raúl Hernández: “Cualquier cosa que la AN decida el gobierno con apoyo de Padrino López lo desconoce porque es un régimen de fuerza, un gobierno que no se sostiene en la ley de la Constitución sino en el poder de los militares. Entonces, no hay ningún instrumento jurídico que el gobierno acate”.
Esto implica una coyuntura para el país porque los dos poderes principales se desconocen y, por ende, se despierta una “sensación de incertidumbre y conflicto de poder”.
