La perturbación de la institucionalidad democrática, la distancia irreversible que el gobierno ha tomado de los límites constitucionales, la obcecación asumida en relación con una política económica que solo produce más pobreza, más desinversión y más incertidumbre, la inseguridad ciudadana que ha desbordado cualquier límite soportable, y el evidente descontrol social que todos sufrimos, deberían hacernos reflexionar sobre la necesidad de conseguir una solución estable a lo que ahora solo parece inestabilidad y turbulencia.
Así lo expresa la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas.
Es innegable que vivimos una dramática crisis de gobernabilidad. Es obvio que el modelo político y económico del socialismo del siglo XXI está agotado. En lo político no ha producido la convergencia necesaria para gobernar sin apelar a la represión, la exclusión y la práctica constante de la crispación. En lo económico es notable el derrumbe de la producción y la imposibilidad, dentro del modelo, para resolver la inflación y la escasez. En lo social priva el miedo, la incertidumbre y la desesperanza. No hay país que pueda salir del abismo en estas circunstancias.
La Constitución vigente ofrece un conjunto de opciones para resolver este tipo de coyunturas. Sin embargo, ninguna de ellas luce posible si las instituciones públicas desconocen el talante democrático y republicano del pacto social vigente.
Todos los venezolanos hemos sido testigos indefensos de la denegación de cualquier camino constitucional y democrático para resolver nuestros problemas. El poder ejecutivo, judicial y el poder moral se han alineado para cancelar cualquier apelación a la soberanía, que reside en el pueblo, y que se expresa a través de la consulta electoral. El poder legislativo ha sido indebidamente asediado y desconocidas sus atribuciones, usando para ello cualquier tipo de iniciativas apuntaladas por el uso indebido de la fuerza. Las democracias no funcionan así.
Los partidos políticos han sido diezmados. Se incrementa la nómina de presos políticos, y ellos se les niega el disfrute de los más elementales derechos humanos. El presidente ha intentado gobernar prevaliéndose de un decreto de estado de excepción que ha sido mantenido a pesar de que sus supuestos han sido impugnados y su legalidad ha sido sistemáticamente negada por el parlamento.
Los regímenes que intentan gobernar a un país al margen de la legalidad, reprimiendo las libertades y negando los derechos ciudadanos no son democracias. Se llaman dictaduras. Y eso es lo que vivimos.
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas suma su voz a la del resto de las instituciones para que se restaure la legalidad, se supere esta ingrata época de devastación de la libertad, y se respete la voluntad de los ciudadanos que exigen cambio político y un programa económico que les permita transitar nuevamente por la senda de la prosperidad fundada en el emprendimiento, el trabajo, la innovación, el compromiso y la productividad que solo son posibles dentro de una economía abierta y libre de obstáculos.
