La lucha por el poder entre las dos grandes fuerzas políticas y sociales que
marcan en la actualidad el acontecer nacional se hace cada día más tensa y
exacerbada, hasta el punto de que se ha llegado a considerar que el conflicto
pudiera ser zanjado por una intervención militar, al tiempo que poco se avanza en
la comprensión del tipo y naturaleza de las negociaciones que deben entablarse
para la superación de la situación, caracterizada por una divergencia de base: la
oposición, a partir de varias consideraciones, exige la salida de Nicolás Maduro
de Miraflores; el sector gubernamental está en desacuerdo con ese planteamiento
y argumenta en sentido contrario.
En días recientes la mayoría parlamentaria de la Mud aprobó en la Asamblea
Nacional una declaración oficial de ese cuerpo en la que se expresa que se está
en presencia de “la violación de los derechos fundamentales, de los principios y
valores consagrados en la Constitución” por parte del Ejecutivo Nacional, y en la
que se insta a la institución militar a actuar en función del “restablecimiento del
Estado de derecho, de la vigencia de los derechos fundamentales y de los
principios democráticos” y “a desconocer los actos del Ejecutivo Nacional y del
TSJ que lesionen la Constitución”.
Ya se conoce en la historia de Latinoamérica el significado y las consecuencias de
este tipo de pronunciamientos. El 22 de agosto de 1973 la Cámara de Diputado de
Chile aprobó por mayoría de votos un acuerdo redactado con la misma estructura
y en los mismos términos del texto de la Asamblea venezolana. En el acuerdo
chileno se comenzaba por enunciar las condiciones que deben darse para que
exista un Estado de Derecho, luego se describían las violaciones a la Constitución
y las leyes por parte de Salvador Allende y por último se hacía un llamado a la
Fuerza Armada a “restablecer las condiciones de pleno imperio de la
Constitución”.
No se debe olvidar lo que ocurrió en Chile luego del acuerdo del parlamento. En
tres semanas los militares procedieron a cumplir con el acuerdo de la Cámara que
les había solicitado el “restablecimiento del Estado de derecho” y los actos del
Ejecutivo fueron desconocidos. Es posible que en las condiciones de Venezuela
hoy no ocurra lo mismo y que el texto emitido sea parte de la retórica insustancial
que banaliza las palabras, pero es innegable que de manera temeraria y sin tener
en cuenta los antecedentes históricos, se ha hecho un llamado semejante al que
hizo la oposición chilena en 1973.
