Ante la postergación del último proceso para la activación del referendo revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro, las Academias Nacionales se pronunciaron, a través de un comunicado emitido al pueblo venezolano, para denunciar “la grave desviación del poder” que quedó en evidencia tras el proceder del Consejo Nacional Electoral y las medidas cautelares que emitieron cinco tribunales del país en torno a la jornada de validación de firmas del 1 %.
Esgrime el texto que para dichas acciones, parte del Sistema Judicial fue puesto al servicio de una posición política con el fin de “cercenar el derecho constitucional” estipulado en el artículo 72 de la Carta Magna, el cual contempla la revocatoria del mandato de cualquier cargo de elección popular, incluido el de Presidente de la República.
Los catedráticos sostienen que los tribunales penales carecen de competencia en materia electoral, por lo que dicha intromisión constituye una clara demostración de la “ruptura del orden constitucional”, así como la suspensión del Estado de Derecho democrático en el país.
El documento fue suscrito, el pasado 21 de octubre y en la ciudad de Caracas, por el presidente de la Academia Venezolana de la Lengua, Horacio Biord Castillo; por la directora de la Academia Nacional de la Historia, Inés Quintero; por el máximo representante de la Academia Nacional de Medicina, Alfredo Díaz Bruzual; por la cabeza de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Eugenio Hernández Bretón; por la presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, Gioconda Cunto de San Blas; así como también por el presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y su homólogo en la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, Gonzalo Morales y Humberto García Larralde respectivamente.
En el comunicado, las Academias cuestionaron y calificaron “de extrema gravedad” que el Poder Electoral acogiera, “de forma automática e inmediata”, las decisiones de los tribunales penales de Aragua, Carabobo, Bolívar, Anzoátegui y Apure; en lugar de impugnarlas y cuestionarlas por su “evidente incompetencia y de la ruptura de la unidad electoral”.
También exhortaron a las autoridades gubernamentales a mantener el más “celoso acatamiento de la Constitución”; y, “en virtud de la gravedad de los hechos” que denunciaron a través del acuerdo, remitirán copia del manuscrito a todas las embajadas acreditadas en el país.
