Que aplique a Venezuela las sanciones contempladas en la Carta Democrática Interamericana para situaciones en las que se ha configurado una ruptura del hilo constitucional, solicitaron 54 organizaciones de derechos humanos venezolanas al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
Conforme al escenario actual, el acuerdo regional suscrito por la República contempla la prohibición temporal al Estado venezolano de toda participación en el organismo regional, hasta tanto se restablezca el orden democrático y constitucional en el país.
“Ante el desmantelamiento de la institucionalidad democrática, y debido a la imposibilidad de que miembros de la OEA visiten el país, solicitamos al Señor Secretario General estimular la activación de los mecanismos presentes en el artículo 19, debido a la ruptura del hilo democrático y alteración del orden constitucional en Venezuela y, mientras esta realidad persista, suspender al Estado venezolano de la participación de su gobierno de las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Organización”, señala una comunicación enviada por la coalición de las ONG al despacho de Almagro.
Como justificación de la medida, los demandantes responsabilizan al gobierno de Nicolás Maduro por la violación de 8 de las 21 cláusulas de la Carta Democrática Interamericana, que contemplan garantías democráticas a las cuales estan obligados todos los Estados que integran la organización.
De acuerdo con las organizaciones locales de derechos humanos tales garantías quedaron definitivamente rotas con la “subordinación ilegal e inconstitucional del Poder Judicial y Electoral al Poder Ejecutivo para suspender indefinidamente el derecho al referendo revocatorio”. Con tal acción, “el presidente Nicolás Maduro ha cerrado los canales democráticos, participativos y pacíficos para la resolución de los conflictos entre los venezolanos, generando condiciones para el surgimiento de confrontaciones violentas en el país con consecuencias imprevisibles”, señala el documento entregado en la OEA.
Defensa ciudadana
Aparte de la presión internacional, las organizaciones civiles alertaron sobre la necesidad de que la ciudadanía se alce en exigencia de sus derechos, siempre en un marco pacífico y constitucional.
“Nosotros le hacemos un llamado a todas los ciudadanos para que sigan haciendo lo que tienen que hacer para defender sus derechos. Sabemos que en los próximos días habrá situaciones difíciles. No negamos que el diálogo pueda ser fructífero, pero tampoco los mecanismos democráticos que puedan ejercer los ciudadanos para defender sus derechos”, manifestó la directora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, una de las firmantes de la carta a Almagro.
El coordinador general de Provea, Rafaél Uzcátegui, respaldó la convocatoria realizada por las organizaciones políticas, estudiantiles y diversos sectores gremiales a marchar este miércoles 26 de octubre en lo que han denominado la Toma de Venezuela.
“Vamos a insistir en que se eviten las confrontaciones y no se caiga en la provocación de la violencia -acotó-, porque toda la comunidad internacional esta volteando sus ojos sobre Venezuela y creo que es importante demostrar la reivindicación de la democracia”, expresó.
Por otro lado, el vocero de una de las ONG con mayor trayectoria en el país indicó que también denunciarán al gobierno de Maduro ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aprovechando que en noviembre a Venezuela le corresponde rendir el Exámen Periódico Universal que realiza fundamentalmente la comunidad internacional.
“Muchas organizaciones ya hemos mandado información, lo seguiremos haciendo, y algunas ONG también iremos a Ginebra durante los días del examen”, indicó Uzcátegui.
Por su parte, Alfredo Romero, director Ejecutivo del Foro Penal Venezolano, manifestó su preocupación por lo que pueda suceder en el país.
“Existe una absoluta vulneración del orden constitucional y del Estado de Derecho en Venezuela. Estamos preocupados por la situación actual, pues sin Estado de Derecho no se garantiza la paz social”, advirtió.
