Retardan el ejecútese de la voluntad popular. Una nube de incertidumbre se posó sobre la población venezolana, luego de la postergación “temporal” de la recolección del 20 % de las voluntades para la activación del Referendo Revocatorio (RR), por parte de seis tribunales penales estadales.
Los análisis y las interpretaciones legales surgen entre la opinión pública y lo que parece tácito y explícito para algunos especialistas, se muestra como un camino atropellado para la ciudadanía, que se ha declarado defraudada por el poder electoral.
Al respecto, Blanca Rosa Mármol, exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sostiene que los recientes hechos ponen en evidencia que en Venezuela no existe democracia. “Si teníamos alguna duda, ya no la tendremos”.
Se refirió a una “actuación concertada para impedir la celebración de Referendo Revocatorio”, que no es más que un derecho constitucional de los venezolanos.
Precisó que si “el Tribunal Supremo de Justicia, es utilizado como una herramienta del régimen, al igual que los tribunales penales, y si el CNE se dedica a torpedear el ejercicio del derecho constitucional al revocatorio, está claro que en Venezuela, democracia no hay”.
Por su parte, Jorge Rosell, también exmagistrado del TSJ, expresó que las referidas sentencias están en “sintonía” con dictámenes de la Sala Electoral, como la recolección de firmas en circunscripciones estadales.
-Poco importa que un juez penal dictó la sentencia y el contenido vil de la misma. Lo trascendental es saber qué vamos a hacer ante esta burla a la ley y ante las legítimas aspiraciones del pueblo. En su opinión “ha llegado la hora de la calle”, emulando la Caracas de 2002.
El deber del tribunal penal
Mármol expresó que la tarea de los tribunales penales es juzgar a personas acusadas de delito, por lo que no tendría la referida idoneidad; por el contrario, la función recaería sobre la Sala Electoral y los Tribunales Electorales, que podrían dictar medidas cautelares, como se pretendió días atrás.
Fue enfática al señalar que la jurisdicción tampoco tiene competencia para establecer medidas, sobre derechos electorales de los ciudadanos.
Al consultarle en quiénes recaería dicha medida, expresó que la sentencia por denuncias de fraude y suplantación de identidad debería recaer sobre la persona que así lo hubiera hecho, lo que exigiría una medida judicial y responsabilidad a título personal, mas no se podría extender la culpabilidad hacia una organización como la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ni conculcar el derecho de toda la ciudadanía.
Sobre si se puede coartar el derecho de millones de venezolanos a ir a consulta popular, por la denuncia o querella de algunos ciudadanos, expresó que tal bloqueo de la garantía no tiene asidero. Reiteró que de haber el delito, la responsabilidad es a título personal, por lo que la medida debe recaer sobre la persona o sus bienes, mas no sobre un proceso de convocatoria nacional.
En este sentido, Rosell precisó que el sistema penal vigente es de carácter acusatorio, por lo que, siendo un delito de acción pública, el titular de la acción penal es el Ministerio Público, por lo que la querella ha debido pasar a ese órgano, a fin de recibir cualquier solicitud.
Indicó que el órgano competente para declarar concluido satisfactoriamente el proceso de recolección del 1% es el CNE y así lo hizo. En tal sentido, se preguntó, por qué ahora un tribunal lo podría declarar defectuoso. Recordaron que el RR es un instrumento de los ciudadanos, por lo cual no se afectaría a la MUD como institución, sino los derechos de la población.
Llamado a la desobediencia
En opinión de Rosell, el escenario venezolano “no está para discusiones académica-jurídicas”, sino “para acciones del pueblo”.
-La calle es lo que nos queda, pues no hay instancia a la cual recurrir. La última contención del estallido popular era el revocatorio y fue arrebatado.
Respecto al llamado a desobediencia civil, Mármol indicó que la protesta es una reacción lógica y constitucional, expresada en su artículo 350, que establece el derecho a desacatar las decisiones de un régimen que no respete las garantías y los derechos establecidos en ella misma
-El artículo es delicado porque no está reglamentado cómo se ejercería ese repudio de las actuaciones del gobierno, que contrariarían los valores democráticos.
Explicó que en acuerdo con lo expresado por el grupo de la Alianza Nacional Constituyente, dicho repudio se podría lograr al convocar una constituyente originaria, en la cual no habría participación de la autoridad constituida y sería la única manera de “reinstitucionalizar” el país.
Reiteró que aún restan recursos por ejercer en la Constitución, la cual enuncia que “el pueblo es el depositario del Poder Constituyente originario y en ejercicio de éste, se puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente, para transformar el Estado, dar un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución”.
Activación de la Constituyente
Mármol manifestó que la ciudadanía ha hecho uso de los recursos constitucionales en degradé, por lo que ahora deberá llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, instrumento aún más sencillo que el revocatorio.
-Comenzamos con enmienda, reforma y revocatorio, pero ha habido un largo camino obstaculizado perennemente… Llegamos a los artículos 347, 348 y 349, que convocan a la Asamblea Nacional Constituyente, para culminar en el artículo 350, que afirma que pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana y a su lucha por la independencia, paz y libertad, desconocerá el régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, garantías y principios democráticos, o que menoscabe los derechos humanos.
Sobre cómo activar el referido mecanismo, refirió que el proceso es más sencillo que el revocatorio. Para este se requerirían las firmas del 15% de los ciudadanos inscritos en el registro electoral, sin participación del CNE. Posteriormente, se elegirían los constituyentistas, para tomar medida como un gobierno de transición. Las firmas deben ser presentadas ante un tribunal nacional electoral, que sería elegido por los mismos ciudadanos que formen parte de la constituyente.
Expresó que la sociedad venezolana está capacitada para dar un paso como éste. “Los venezolanos ya llevamos un largo período de lucha. Se puede pensar que hay un cansancio de 17 años, que sumado a la miseria que vivimos, da la fuerza a la gente para salir adelante”.
Postura militar
Sobre cuál debería ser la postura de las fuerzas militares, la exmagistrada expresó que su deber sería “respaldar la ciudadanía en esta hora aciaga, cuando se violan los derechos constitucionales y se genera un problema de soberanía”.
Explicó que ante el deseo de revocar a un presidente, a través de mecanismos constitucionales, impedidos por la ejecutoria del régimen vía, sala Constitucional, Sala Electoral y CNE, la Fuerza Militar debe respaldar a la ciudadanía.
Agregó que se trata de un presidente que tampoco llena los requisitos para el cargo, motivado a su doble nacionalidad, confesa, por no contestar al Parlamento Nacional en interpelación.
Ante el posible desconocimiento de la Constituyente, así como los Poderes Ejecutivo y Judicial han desconocido la Asamblea Nacional, lo que representaría un enfrentamiento del pueblo contra el gobierno, y quien tiene las armas es el último. Expresó que si bien existe abuso de poder y entorpecimiento de los pasos democráticos, también hay una Fuerza Armada, que está en el deber de proteger al pueblo en su soberanía.
Apuntó que la represión de los últimos años no se puede atribuir enteramente al poder militar, ya que las decisiones han sido tomadas por unos pocos puestos de mando, que quizás “disfruten de las prebendas del régimen”.
La exmagistrada del TSJ, indicó que la Fuerza Armada también está integrada por militares que viven y piensan como el resto de los venezolanos, lo que a su vez genera una reacción a lo interno de la institución.
El llamado es a no desfallecer y tener la convicción de que aún restan instrumentos constitucionales para restaurar la democracia.
Datos
- En la recolección de firmas se entregaron 1.8 millones de rúbricas y sólo se necesitaban 200.000 firmas.
- La Sala Electoral impuso un proceso de validación del 1% de las firmas, el cual no estaba expresado en los estatutos. Sin embargo, se cumplió.
- El CNE tardó tres meses para anunciar comprobación del 1% de las firmas.
- La suspensión de la recolección del 20 % de las voluntades ha sido anunciada como “temporal”. Sin embargo, aún se espera por la decisión de tribunales sobre el fraude de diputados indígenas a la Asamblea Nacional.
- Según calendario no se podría celebrar la consulta pública el 10 de enero de 2017, como se esperaba, sino posterior a febrero, por lo que no se haría llamado a elecciones, en caso de resultar revocado el presidente Nicolás Maduro, sino que asumiría el mandato el vicepresidente vigente.
- Ciudadanos en la calle, recuerdan que hubo un importante número de firmas que no aparecieron en la primera validación y que no pudieron ser ratificadas. Estas personas también se declaran defraudadas.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos respaldará a ciudadanía
Andrés Colmenárez, vicepresidente de la Asociación Civil Justicia Solidaridad y Paz (Funpaz), expresó que las organizaciones no gubernamentales que reivindican los derechos humanos en Venezuela han fijado posiciones al respecto, en el entendido de que el derecho a la participación ciudadana está consagrado en la Carta Magna e incluso ha sido avalado por el Gobierno Nacional, al firmar pactos internacionales de derechos civiles, económicos, sociales y culturales.
Opinó que el tribunal actúa a favor de un individuo y, al postergar la convocatoria de la recolección del 20 % de las voluntades en solicitud del referendo revocatorio, cercenan el derecho a la participación ciudadana de otros miles y millones, incluso incitaría a “una sociedad cansada de la violación de sus derechos fundamentales” a buscar opciones de salida que representan riesgo, con lo que están en desacuerdo.
Sobre una posible desproporcionalidad en la administración de justicia, Colmenárez expresó que la decisión del CNE, por conveniencia de algunos tribunales, demuestra que están “arrodillados al Ejecutivo”, ya que a través de sus voceros “han dicho públicamente que el referendo revocatorio no se celebraría”.
Sobre el llamado de actores políticos al ejercicio del artículo 350, el cual exhorta a la desobediencia civil, manifestó que, como institución que nace de la represión de la protesta ciudadana como un acto civil y constitucional, apoyan toda reivindicación enmarcada en este pensamiento, siempre que sea pacífica. Citó un pensamiento «Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho”, de Simón Bolívar.
-Entendemos de los partidos políticos, movimientos estudiantiles y sociedad civil en pleno están preparados para llamar a protesta activa de calle. Pueden contar con todo el respaldo nuestro como organización, para cualquier tipo de consulta o apoyo jurídico que se requiera en los próximos días.
Formuló un llamado a la tranquilidad y a esperar las indicaciones de los actores políticos que han guiado el proceso, sin exponer vidas, ya que en 2013, desde el primer día de mandato del presidente Nicolás Maduro, quedó demostrado que “no valoran este derecho”.
