El Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos (Provea), expresó a través de un comunicado, que los tribunales regionales no poseen atribuciones legales para suspender procesos electorales.
Denunció que “el CNE tiene un plan coordinado desde el propio Poder Ejecutivo para impedir que la ciudadanía pueda evaluar la gestión del primer mandatario, a través del referendo revocatorio”.
Provea indicó que la medida ejecutada por el CNE, limita el ejercicio de la democracia participativa y protagónica, para cerrar espacios en la resolución pacífica de la crisis, a la vez que adjudicó la responsabilidad a los funcionarios que están al frente del Poder Ejecutivo y de las autoridades de los poderes públicos, que han abandonado la independencia en su gestión.
La organización hizo un llamado de alerta a la comunidad internacional, y a los órganos de protección de Derechos Humanos, sobre las amenazas existentes para quienes solicitaron la activación del mecanismo de revocatorio.
“Altos voceros del Ejecutivo y del partido oficial, han alentado abiertamente la comisión de represalias contra los solicitantes de la consulta popular”, denunció Provea.
La organización advierte que la anulación del RR es el inicio de episodios de persecución, hostigamiento y posibles detenciones contra dirigentes y activistas políticos vinculados a sectores de la oposición política.
Provea exhortó a la toda la ciudadanía a ejercer su derecho a la manifestación pacífica.
