Estoy aprovechando la gratuidad del transporte público convenida por las alcaldías de Iribarren y Palavecino para los mayores de 60 años, algo que ya ocurría con el Transbarca. Ahora creo ver más ancianos utilizando el transporte, lo que me hace pensar que no lo hacían antes porque este servicio les resultaba impagable, obligándolos a permanecer en casa. Ahora nos movemos libremente por toda la ciudad: hemos ganado una nueva libertad. Por supuesto que aún faltan muchas cosas para atender bien a los mayores, pero vamos progresando y esto lo agradezco.
Pero este nuevo derecho no le ha caído bien a algunos autobuseros que consideran que están perdiendo dinero. ¿Será verdad que el decreto los perjudica? ¿Cómo podrían ellos compensar los pasajes que dejan de percibir?
Aquí prima el concepto de solidaridad intergeneracional que justifica los beneficios sociales en países avanzados: los jóvenes productivos pagan, con los impuestos, los costos de mantener a los ancianos que ya no producen y que, a su vez, cuando eran jóvenes, pagaban por mantener a sus mayores. Llevando este concepto al servicio de transportes, significa que las personas jóvenes y adultas, cuando pagan el pasaje, una parte del mismo contribuye al pago del pasaje de los mayores. Pero esto no lo ve el autobusero para quien el sistema funciona contra sus intereses. Transportar ancianos gratuitamente es una forma de pagar un impuesto social, soportable solo mientras la proporción de ancianos sea pequeña en relación con los pasajeros que si pagan. Por eso, el decreto de exoneración del pasaje obliga solo a autobuses y vehículos de nueve o más puestos. Y es previsible que, en algún momento, si la población de ancianos aumenta mucho será necesario pensar en otras opciones para que los mayores no perdamos esta nueva libertad. Ya podemos imaginar que a los clásicos reclamos acerca del costo de los cauchos, de las baterías y de los repuestos se sumará el “Y ahora tenemos que cargar con una cuerda de viejos que no pagan”.
Hay sistemas de bienestar social que se encuentran crisis por una creciente proporción de ancianos que viven más años precisamente por estar bien atendidos y que, a más viejos requieren de más servicios más especializados y costosos. Y dado que la tasa de natalidad va disminuyendo, disminuye también el número de contribuyentes al seguro social, por ende, habrá que encontrar alternativas a la contribución que tanto las personas naturales como las empresas, hacen al sistema. Es el caso de Suecia y otros países donde los ancianos son ya más del 60% de la población. Esto puede hacer que el país y sus productos, en su conjunto, dejen de ser competitivos, con lo cual el sistema de bienestar social se vuelve inviable.
Pero ya Maduro, para el caso venezolano, ha tomado una medida inteligente: no se consiguen anticonceptivos: no hay que temer una caída de la tasa de natalidad y esto garantiza que los viejos podamos circular gratis por muchísimos años más.
