El incumplimiento de la cláusula 62 de la VIII Contratación Colectiva de los trabajadores de la educación fue la principal razón por la cual el magisterio a nivel nacional se volcara a las calles para exigir que se cumpla lo establecido en el documento.
Para el 10 de octubre los docentes debieron recibir un 17% de incremento salarial según lo contemplado en la normativa, pero esto no fue así. Aparentemente, el ministro de Educación, Rudulfo Pérez, aseguró que dicho porcentaje quedó cubierto con el pasado aumento del salario mínimo decretado por Nicolás Maduro, el cual establecía una incidencia del 50%. Según los docentes, esto se considera ilegal.
De ser cierto, no solo abarcaría el 17% del mes de octubre, sino además el próximo aumento del 25% que debería darse para febrero, lo cual fue rechazado profundamente por el nutrido grupo de educadores que se concentró a las afueras de la Zona Educativa para alzar sus voces.
El paro de 24 horas que se generó ayer en todo el país contempló acciones de protesta en cada uno de los estados y no se descarta que se continúen con manifestaciones de calle en caso de no obtener lo que por ley les corresponde.
En el caso de Lara, el próximo lunes los educadores nacionales y regionales llamaron nuevamente a paro, esta vez acompañado de una marcha la cual iniciará en la Plaza Los Ilustres y concluirá en la Zona Educativa.
Además de la solicitud hacia el ministerio para que cumpla con el pago, Blanca Algarra, docente activa, ratificó el descontento que se tiene hacia las nuevas orientaciones pedagógicas “tenemos que repetirle muchas veces las evaluaciones para que pasen los alumnos, esa es la batalla contra la repitencia, no puede ser posible”. Por supuesto, continúa el descontento por el nuevo diseño curricular; ante esto Algarra dijo que no fueron consultados, cosa que a su vez se reafirmó por Dalí Álvarez, docente de la UPEL.
El mismo informó que dicha institución siempre había sido tomada en cuenta a la hora de tomar decisiones de carácter educativo, no obstante, con la reforma no fueron convocados para formar parte de las supuestas conversaciones que se realizaron para aprobar el currículo el cual los docentes “debe tapar los errores que ha cometido el ministerio por no tener una preparación idónea para los estudiantes”.
La protesta del magisterio estuvo acompañada además por maestros jubilados, quienes expresaron su insatisfacción por no percibir el pago de prestaciones sociales, dijo Ulises Marchán, a la vez que aseguró que la unificación del contrato no fue algo del todo positivo, pues continúan muchas deficiencias en el tema de los pagos, así como los beneficios de carácter social; ante esto solicitaron que el bono de salud, que actualmente se establece en 4 mil bolívares mensuales, se cancele con el monto correspondiente al pago de cestaticket.
Ipasme en riesgo
El profesor Luis Bello, represente del Comité Prorescate, Control, Seguimiento y Evaluación (Coprese), denunció que aparentemente la importante institución será tomada por el Ministerio de Salud, esto aparentemente fue anunciado por los directivos nacionales del Ipasme, sin embargo se está esperando a confirmar la información que sin duda alguna afectaría considerablemente al magisterio.
