Durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN) de este jueves, se aprobó un Proyecto de Acuerdo sobre el resurgimiento de la difteria en Venezuela.
El diputado José Manuel Olivares estuvo a cargo del tema e informó que hasta la fecha este padecimiento ha causado el fallecimiento de 26 ciudadanos; específicamente 23 en Bolívar, uno en Anzoátegui, otro en Aragua y el último en Sucre.
Recordó que la difteria se trata básicamente de una amigdalitis severa que produce una seudo membrana y ocasiona la muerte si no es tratada; es importante destacar que existe una tasa de mortalidad de 50% si no es atendida de manera adecuada, de lo contrario, registra una tasa del 10%.
Durante su intervención subrayó que el Gobierno nacional no se ha encargado de realizar jornadas de vacunación, sobre todo a los sectores más desprotegidos del territorio, sino que decidió “hacer negocio chimbo con Cuba” y comprar vacunas que no contrarrestan el mal.
En este sentido, pidió ante la cámara aplicar el artículo 222 de la Constitución, el cual trata de otorgar responsabilidad política sobre la ministra de Salud, Luisana Melo, por la poca atención ante la propagación de la epidemia.
“Esta Asamblea entiende que las diferencias políticas jamás pueden estar por encima de la salud de la gente. Nosotros lamentamos que la ministra Melo no privilegie la salud ni la academia por encima de la política, de sacarle sonrisas a Nicolás Maduro o de seguir una línea política”, sentenció.
Ley Resorte
La aprobación en primera discusión del Proyecto de Reforma Parcial de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, también se generó este jueves en el Parlamento.
El diputado Tomás Guanipa, explicó que con dicho instrumento legal se espera democratizar el contenido para que los venezolanos puedan estar informados adecuadamente y no exista más un Gobierno que se crea con el derecho de decidir qué se puede ver y tergiversar la realidad.
Añadió que establecerán un marco regulatorio que evite la discreción y arbitrariedad; asimismo se revocará la normativa en la cual el Primer Mandatario puede ordenar a plantas radiales y televisivas transmitir cadenas oficiales.
“Se van a regular los mensajes obligatorios que los operadores tienen que transmitir, prohibiendo su carácter político y dedicando este espacio a la promoción de los valores ciudadanos. El Estado debe entender que no es dueño de las conciencias de los venezolanos”, detalló.
